Juan Carlos Loera.- Es necesario que el PAN termine de desarraigarse de esa obsoleta concepción de que los problemas de los más desprotegidos son los problemas de todos… solo en temporada electoral.
Así lo dejaron de manifiesto regidoras, regidores, diputadas, diputados, asesores y enviados del alcalde de Chihuahua a uno de los operativos de entrega de tarjetas a la población adulta mayor en la capital del estado; pero eso mi querido lector, lo abordaremos líneas más adelante.
Primero dejaremos claro que la protección de adultas y adultos mayores, sobre todo en ámbitos en los que se encuentran vulnerables, ha sido uno de principales ejes centrales de la Cuarta Transformación en México desde el primer día de gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Pensión Universal ha venido a marcar un hito histórico en nuestro país, pues por primera vez un gobierno voltea a ver a una población que, desde el ámbito histórico de la vejez, las desigualdades no solo persisten sino que se acrecientan.
En 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4º de la Constitución que eleva a rango constitucional el derecho a la pensión no contributiva y que a la fecha ha escalado a los 4,800 pesos bimestrales, en depósito bancario o efectivo, dependiendo del avance de bancarización en que se encuentren y alcanzará los 6 mil pesos el año próximo. Al concluir este mandato, la pensión habrá crecido en un 417 por ciento.
Pero nuestra lucha abierta por este grupo etario de la población tuvo su bloqueo; no olvidemos que el PAN votó en contra del dictamen que se traducía en un derecho a la pensión que hoy reciben 306,871 personas adultas mayores en el estado de Chihuahua, 51.1% de ellas, mujeres. Ese bloqueo panista también trastocaba la pensión para 27 mil 563 personas con discapacidad y 190,866 estudiantes de todos los niveles educativos que también reciben el apoyo federal.
Y hasta la fecha, la gobernadora panista ha mostrado en hechos un rotundo rechazo a adherirse al convenio con el Gobierno Federal para la universalización de la pensión para personas con discapacidad que son mayores de 29 años de edad y que ya es un hecho en más de 20 estados. De eso ni pío han dicho los panistas: ni la presidenta del PAN, Sarahí Franklin; ni la diputada federal Laura Contreras o el diputado local Mario Rodríguez, así como los regidores Isaac Díaz Gurrola, Félix Martínez Adriano, Patricia Ulate Bernal y Ernesto Ibarra Sarmiento, que acudieron con sus equipos de colaboradores al operativo de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, identificados con logos y nombres en camisas, chalecos y playeras.
No es de nadie desconocido el lucro político que ahora pretende el panismo chihuahuense con una campaña más que absurda e igual de obsoleta que los cursos que ofrece a sus filas de candidatos para llegar a las masas.
El amor al pueblo se demuestra todos los días, no con visitas escalonadas para desacreditar el trabajo de cientos de Servidores de la Nación, ni con 20 botellitas de agua para tomarse las fotos que 10 minutos después estarán en las redes con textos prefabricados y supuestos arreglos que nunca se llevaron a cabo con la Delegación Estatal de Bienestar.
Aquí aplica eso que dijo el periodista Joaquín López-Dóriga, uno de los críticos más frecuentes de nuestro presidente sobre las “ambiciones mezquinas” de la oposición: “Pendejadas y miserias, todas a favor de López Obrador”. ¿A quién quieren engañar?
