Lic. Héctor Ramón Molinar Apodaca (Facilitador Privado).- En México se habla cada vez más de los derechos de las niñas y los niños, pero cada vez menos de las responsabilidades reales que esos derechos exigen. El discurso jurídico y político ha avanzado en declaraciones, pero la realidad demuestra que el llamado “interés superior de la niñez” sigue siendo, en muchos casos, una frase repetida, incapaz de proteger efectivamente a quienes más lo necesitan.
El problema es estructural. Se han multiplicado leyes, protocolos y organismos, pero no se ha fortalecido de manera proporcional la responsabilidad de los adultos, de los padres ni del propio Estado. Se amplían libertades formales para niñas, niños y adolescentes, sin atender con seriedad la edad, la madurez emocional ni las consecuencias irreversibles que ciertas decisiones pueden implicar. La infancia requiere guía, acompañamiento y protección, no abandono disfrazado de autonomía.
Uno de los debates más delicados es la idea de que niñas y niños puedan decidir por sí mismos asuntos profundos y permanentes de identidad, sin un marco claro de edad, desarrollo psicológico y responsabilidad adulta. Defender límites no es negar dignidad; es reconocer que la niñez es una etapa de formación. La libertad sin orientación no emancipa: desprotege.
A esta fragilidad se suma una expresión cruel de la descomposición familiar: la violencia vicaria. Miles de niñas y niños son utilizados como instrumentos de castigo entre adultos, atrapados en conflictos que no les pertenecen. El sistema jurídico suele reaccionar tarde, con medidas insuficientes o contradictorias, y en la práctica termina normalizando el daño. El expediente se cierra antes que la herida y la reparación emocional casi nunca llega.
El Estado, además, ha fallado en una obligación elemental: la salud infantil. El cáncer en la niñez ya no es excepcional; es una realidad cada vez más común. Sin embargo, el país carece de una red suficiente de hospitales infantiles públicos, médicos especialistas y tratamientos oportunos. En muchas regiones no hay neuropediatras, oncólogos pediatras ni equipos integrales. Muchas familias se empobrecen o se endeudan de por vida intentando salvar a sus hijos; otras simplemente los pierden. Un derecho sin infraestructura es una promesa vacía.
La situación es aún más alarmante en el caso de la niñez indigente, migrante e indígena. En múltiples ciudades proliferan niñas y niños en situación de calle, acompañados por madres demasiado jóvenes, incluso menores de edad. Gran parte de esa población proviene de rutas migratorias o de comunidades originarias que llegan sin redes de apoyo. La ausencia de políticas integrales de protección los coloca en vulnerabilidad extrema frente a la trata de personas, la explotación y el reclutamiento forzado por estructuras criminales.
También hay una contradicción cultural: se discute con pasión lo que el Estado puede autorizar o prohibir, pero se descuida lo que el Estado debe garantizar. A padres responsables se les limita en la formación espiritual o cívica de sus hijos, mientras se tolera que la niñez crezca expuesta a violencia, drogas, alcoholismo, pornografía temprana y abandono emocional. La protección no puede ser selectiva.
Paradójicamente, mientras se debate qué pueden decidir los niños, se les niega lo básico: conocer y ejercer sus derechos cuando son víctimas de abuso, maltrato o negligencia. El lenguaje jurídico no les es accesible, la denuncia no es segura y las instituciones operan con trámites que desesperan a quien ya está roto. La justicia, cuando tarda, también lastima.
México sigue intentando resolver problemas del siglo XXI con estructuras civiles y familiares que ya no responden a la realidad social. Reconocer derechos no basta. Hay que actualizar obligaciones parentales, fortalecer capacidades institucionales, medir resultados y rendir cuentas: prevención, detección temprana, atención médica, protección social, refugios, terapias, escuelas seguras y calles seguras.
Las niñas y los niños no necesitan ser banderas ideológicas ni cifras de informe. Necesitan adultos responsables, instituciones fuertes y un Estado que cumpla. Defender su interés superior implica asumir límites, tomar decisiones difíciles y colocar su bienestar por encima de agendas políticas, conflictos personales o discursos cómodos. De lo contrario, seguiremos celebrando derechos en el papel mientras la niñez paga el costo en la vida real. ¡Urge actuar ya!
