Juan Carlos Loera.- Hace 15 años, un escritor norteamericano publicó en un ensayo una visión oscura de las relaciones entre México y los Estados Unidos, en el que anticipaba que el valor de la fuerza de trabajo joven pasaría a ser tan apreciado que, en la incesante búsqueda y disputa por este recurso, ambos países tensarían de tal forma sus relaciones que, a principios de los años treinta de este siglo comenzarían un ciclo de conflictos armados que perduraría por décadas.
Pocos años antes, el ilustre pensador Samuel Huntington ya había anticipado que los millones de ciudadanos de origen mexicano, sumados a las continuas oleadas de nuevos inmigrantes, representaban un gran desafío para la estabilidad y seguridad de los Estados Unidos.
Han sido muchas las anticipaciones pesimistas y provocadoras sobre nuestro futuro en común, pero hasta antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca, pocos pensaron que el fenómeno de la migración podría desbordarnos en todos los sentidos que puede tomar esta palabra.
Con sus juegos de palabras y con sus acciones, a veces simbólicas, a veces reales, el gobierno de Trump, de un día a otro, redimensionó la relevancia del proceso migratorio que circulaba a través de nuestra frontera norte y, simulando el peligro que ésta les representaba, nos amenazó con imponernos todos los costos del tránsito y el asentamiento de los grandes y crecientes flujos de migrantes que de una forma u otra habrán de llegar en los próximos años, por millones a Norteamérica.
Paradójicamente, Trump radicalizó su posición cuando era evidente que los Estados Unidos estaban entrando a la etapa de envejecimiento acelerado de su población que ya estaba creando, y lo haría más en el futuro, una alta demanda de cuidados para los adultos mayores y un volumen creciente de vacantes en posiciones de trabajo que los ciudadanos americanos no están interesados en ocupar.
A pesar de ello, con todo conocimiento de causa, Trump estableció argucias legales para cargarle a México el impacto de un nuevo filtro a la migración, que retuviera a los migrantes en nuestro territorio, mientras sus autoridades seleccionaban con mayor tino y eficacia a quienes pudiera ser más ventajoso incorporar a sus mercados de trabajo.
Trump y sus asesores no generaron esta pantalla contra la migración, a la que pretendieron darle un mayor realismo (construyendo un muro que al final quedó inconcluso) por ocurrentes y malvados, lo hicieron para establecer una nueva regla de negociación con el Gobierno y la sociedad mexicana, que blindará a Norteamérica de los costos y riesgos que traerán consigo un nuevo flujo de migrantes, que apenas empieza, y que seguramente tendrá impactos nunca vistos, tanto sobre el territorio americano, como sobre las fronteras norte y sur de México.
Sabían perfectamente que, desde el 2015 y hasta al año 2050, el número de adultos mayores, y dentro de ellos los afectados por enfermedades degenerativas, vinculadas a la edad, se multiplicaría hasta poner en riesgo el equilibrio poblacional que precisa todo país para mantener su prosperidad y potencial de crecimiento.
Al respecto, desde hace décadas las proyecciones demográficas, que gracias a los avances tecnológicos cada vez son más certeras, no dejan duda sobre el futuro de la pirámide poblacional de los Estados Unidos: hacia la mitad de este siglo la proporción de mayores de 60 años representarán un gran problema, lo que significará que millones de personas se verán afectadas por enfermedades degenerativas y en particular por el Alzheimer.
Ante este panorama, ¿alguien puede dudar de dónde provendrán las y los cuidadores que hoy y en el futuro necesitarán las instituciones y los hogares de Norteamérica para hacerle frente a esta ya muy conocida demanda futura de cuidados y atenciones?
De seguro Trump y sus asesores ya habían despejado esta duda y su proyecto más que desalentar la migración lo que buscaba era generar un nuevo esquema de negociación, al que México debería sujetarse, compartiendo una parte importante de los costos y los impactos indeseados.
Es de nuevo extraño, pero la política efectiva de Biden, su rival, que con hipocresía mantiene el bloqueo a la migración, sólo viene a confirmarnos que este propósito de involucrarnos en el soporte de una nueva época de migraciones es ya parte de una política de Estado, que la sociedad mexicana y sus gobiernos deben enfrentar con sumo cuidado, pero sin tardanza.
Ya es el momento de darle una nueva dimensión a este problema y también el momento de no olvidar que una pésima negociación de las bases para recibir las inversiones de la industria maquiladora en los años sesenta y setenta, trajo al país un largo y oscuro periodo de pobreza y miseria innecesaria.
Durante más de medio siglo regalamos el trabajo de varias generaciones de trabajadoras y trabajadores, sin necesidad, sólo porque la falsa inteligencia y sabiduría de nuestros políticos y economistas neoliberales le temían y obedecían al imperio, o bien porque eso les representaba a las oligarquías regionales grandes negocios de bajo riesgo, en un escenario en el que el sufrimiento y sacrificio de millones de personas era absolutamente irrelevante.
Estamos viviendo otro tiempo y hoy sabemos que podemos trabajar para empresas de todo el mundo, pero bajo nuevas condiciones, en las que todas y todos los trabajadores reciban una compensación digna por su trabajo.
Los migrantes, sin importar su procedencia, también tienen derecho a un trato digno y humano; pues no hay duda que su trabajo será indispensable para que los Estados Unidos, como potencia económica mundial, retome el vuelo.
Por ello, todos los gobiernos involucrados deben generar una nueva agenda de negociación que reconozca el aporte de los migrantes recientes, tanto al futuro desarrollo de Norteamérica como a la futura prosperidad de sus comunidades, a través de las remesas, cuya evolución, en México, es una historia de éxito.
