Lic. Héctor Ramón Molinar Apodaca.- En Ciudad Juárez, el abuso infantil no es un fenómeno aislado ni exclusivo de ciertos sectores: es un problema estructural que permea todos los niveles sociales y que, con frecuencia, encuentra en el silencio y la impunidad a sus mayores cómplices.

Las cifras son alarmantes y reveladoras: según datos recientes de instancias como la ONU y UNICEF, así como organizaciones civiles como Casa Amiga, Ciudad Juárez ocupa el primer lugar nacional en producción de pornografía infantil.

A ello se suma una estadística devastadora: en el 43% de los casos de abuso infantil, el agresor es un familiar directo; en el 28%, un familiar extendido; en el 18%, un conocido; y sólo el 11% corresponde a personas ajenas al entorno.

El marco jurídico: derechos ignorados

Los derechos de niñas, niños y adolescentes están ampliamente protegidos en el marco constitucional y convencional mexicano. El artículo 4° de la Constitución establece el principio del interés superior de la niñez como criterio primordial en todas las decisiones que les afecten.

Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la legislación del estado de Chihuahua reconocen su derecho a vivir una vida libre de violencia, a la integridad personal y a ser escuchados en procedimientos judiciales.

Además, México es Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, que obliga a garantizar medidas eficaces contra toda forma de maltrato. Sin embargo, estos derechos no se traducen en protección real cuando la Fiscalía especializada en delitos contra menores no existe operativamente o carece de personal capacitado, infraestructura o protocolos adecuados. Tampoco cuando los juzgados familiares están saturados y sin recursos suficientes para atender de manera eficaz los casos urgentes que afectan a menores.

Obstáculos y omisiones

En la práctica, la revictimización es común. Las autoridades ministeriales suelen ser insensibles, los peritajes se demoran, las carpetas de investigación se archivan sin avances y los padres —cuando no son agresores— muchas veces son omisos o desinformados. La impunidad comienza en casa y se perpetúa en las instituciones.

En muchos casos, la violencia tiene su raíz en problemas estructurales como la drogadicción, el alcoholismo y la pobreza, que fracturan el núcleo familiar y normalizan conductas abusivas. Además, la desinformación o el miedo inhiben la denuncia.

¿Qué hacer y dónde acudir?

Es importante que madres, padres, docentes, vecinos y cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho de violencia o abuso infantil sepan que tienen el deber legal y moral de denunciarlo. El artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales obliga a todo ciudadano a informar al Ministerio Público sobre delitos de los que tenga conocimiento.

En Ciudad Juárez, las denuncias pueden presentarse ante:

– La Fiscalía General del Estado, Unidad de Delitos Sexuales y Contra la Familia.

– El DIF Municipal y su Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.
– La Comisión Estatal de Derechos Humanos.

– Línea Nacional contra el abuso infantil: 800 422 4453 (24 horas).

Las víctimas tienen derecho a recibir atención médica, psicológica y jurídica gratuita, a ser escuchadas, a no ser confrontadas con su agresor, y a que su caso sea resuelto con celeridad y sensibilidad.

Conclusión

La violencia contra la infancia no es un asunto doméstico ni privado. Es un problema social, jurídico y estructural que exige acción inmediata del Estado, vigilancia ciudadana y responsabilidad ética.

Como sociedad, tenemos la obligación de proteger a quienes no pueden defenderse, y como abogados, de exigir que los derechos de las niñas y niños no sean solo letra muerta. La niñez no puede esperar.