Jorge Quintana.- En el mes de septiembre de cada año, se llevan a cabo los actos protocolarios en los que, desde el presidente de la República, hasta los presidentes municipales de nuestro estado, entregan al Honorable Congreso de la Unión y a sus respectivos cabildos, en el caso local, el informe de labores que han desarrollado durante el año próximo anterior.
A este llamado ejercicio republicano, se da acceso a los invitados especiales y a algunos representantes del pueblo, sobre todo de etnias originarias, para dar el aspecto de inclusión y comprensión de todos los gobernados.
Después de estos actos protocolarios, vendrán las respectivas glosas de quienes tienen la responsabilidad de analizar y comparar el informe con el Plan de Desarrollo respectivo, para evaluar el grado de cumplimiento de este último documento y hacer las observaciones correspondientes, para su corrección, enmienda o reconsiderar las metas y objetivos que se plantearon originalmente, al inicio de las gestiones correspondientes.
Pero, salvo algunas excepciones, hasta hoy no hemos conocido de que, en cumplimiento con la auditoría practicada al ejercicio presupuestal por los órganos encargados de la misma, se haya procedido judicial o administrativamente contra los responsables del encargo público.
Para muestra basta recordar el número de observaciones que tanto la Auditoría Superior de la Federación, como la Estatal, hicieron al presidente municipal anterior y a su administración, que al momento deberían estar ventilándose en los tribunales y no ha pasado nada.
Lo mismo pasará con los desvíos, aumentos irracionales de presupuesto de obras faraónicas, como el caso de la Refinería Olmeca, que de un presupuesto inicial de ocho mil millones de dólares, ahora se ha incrementado a veinte mil millones de dólares.
Así, encontramos una serie de observaciones a la asignación de obras y entrega de suministros, sin licitación pública, en abierto de-sacato a las normas que regulan dichos procedimientos.
Pero eso no lo escucharemos en el mal llamado ejercicio de rendición de cuentas, que se ha convertido en acto de lucimiento y de información parcial de la función administrativa pública.
Entonces, qué necesidad tenemos de escuchar esos discursos plenos de mensajes políticos y que más que informar, ocultan la verdadera situación de la Hacienda pública y los incumplimientos y desvíos de los funcionarios públicos.
¿Que podrán responder los integrantes del Honorable Congreso del Estado, de la Federación, de las Fiscalías Estatal y General de la República a la ciudadanía, si quienes han incurrido en delitos de la administración, quienes han desfalcado al presupuesto, siguen burlándose de nosotros, hablando y escribiendo de honestidad y honradez.?
Así pues, si de verdad quieren informar del estado que guarda la Administración Pública, primero, cumplan y hagan cumplir la ley.
