Rafael Espino.- El pasado 8 de septiembre el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, entregó a la Cámara de Diputados los Criterios Generales de Política Económica 2026, dentro de los que se incluyen las proyecciones para el saldo histórico de la deuda bruta del sector público no financiero y el valor nominal del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
En ello se refleja una realidad incuestionable, que es el que el gobierno gasta más de lo que gana. La administración federal anterior pugnó por evitar reformas fiscales que crearan nuevos impuestos o aumentaran las tasas de los ya existentes. Promovió como política pública austeridad en el gasto, que se vio abruptamente interrumpida cuando el último año del sexenio, el PIB cerró con un déficit presupuestario de 1.66 billones de pesos, equivalentes al 5.9% del presupuesto federal, cifra muy superior a todos los déficits anteriores.
Ante la falta de crecimiento económico que en todo el sexenio anterior apenas registró un 0.9% del PIB, entre otras razones por la desaceleración global provocada por la crisis sanitaria de la pandemia del Covid 19, que en el 2020 resultó en una contracción de la actividad económica en nuestro país del 8.4%, se presenta un importante desafío al actual gobierno.
Este importante reto consiste en la forma como enfrentará los compromisos económicos futuros, ya sea planteando una reforma fiscal integral que dote al Estado de los recursos que necesita para cumplir con sus tareas fundamentales en beneficio de la población en salud, educación, seguridad e infraestructura, o bien, optar por contratar deuda, que sin duda es la salida equivocada pero más fácil.
La deuda pública como porcentaje del PIB, es decir, comparada con el tamaño de nuestra economía, aumentó del 44.7% en 2018 al 48.6% en 2024 y de continuar esta tendencia, alcanzará a representar el 57.4%, que será el mayor porcentaje, según la cuenta de la Hacienda Pública Federal. Nada más en este sexenio y conforme a las propias proyecciones oficiales que en su momento fueron anticipadas por el Fondo Monetario Internacional y desestimadas por la presidenta de la República, el incremento será de 9.1 billones de pesos para alcanzar una cifra proyectada de 28.2 billones en 2030.
Al incrementar la deuda pública, estamos simultáneamente aumentando los impuestos de las nuevas generaciones o restringiéndoles indebidamente su gasto. Se debe enfrentar la realidad que demanda mayor gasto social. Incrementar la inversión pública productiva para hacer al país más competitivo en beneficio de todos. Buscar en un foro nacional ampliado, una solución integral a las finanzas públicas, con una reforma fiscal que fortalezca, no solo la hacienda federal, sino también a las locales, promoviendo una cultura contributiva que abata la desigualdad y mejore los servicios públicos.
