La senadora Andrea Chávez Treviño emitió un posicionamiento enérgico durante la discusión de la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, centrando su intervención en la grave crisis hídrica que enfrenta Chihuahua y en la falta de responsabilidad del gobierno estatal para garantizar el derecho humano a este recurso.
“¿Qué estamos haciendo hoy aquí? Estamos garantizando el derecho humano al agua de todas y de todos los mexicanos, pero particularmente de los pequeños y medianos productores que alimentan a nuestro país”, abrió la senadora, subrayando que ese mandato fue ignorado por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que solo con los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum se ha asumido el tema con seriedad.
Desde el pleno, Chávez Treviño recordó que la Suprema Corte mandató desde 2012 reglamentar el artículo cuarto constitucional en materia de derecho humano al agua, pero fue hasta ahora, con la presidenta Claudia Sheinbaum, que se presentó el Plan Nacional Hídrico y se convocó a las y los gobernadores a suscribir el Acuerdo Nacional por el Derecho al Agua y la Sustentabilidad.
Precisó que entre quienes firmaron este acuerdo se encontraba la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. “Aquí está la imagen, por si no queda claro, de que ella sabía del acuerdo. No se hagan como que la virgen les habla”, expresó la senadora, denunciando la postura del gobierno estatal.
Chávez centró su discurso en la realidad que enfrenta Chihuahua, un estado que vive una de las crisis hídricas más severas del país. Explicó que a nivel nacional el 76% del agua se destina al sector agrícola, pero en Chihuahua esa proporción asciende al 80%, lo que profundiza la presión sobre los mantos acuíferos.
“La Junta de Aguas, comandada por un violentador, Mario Mata, no garantiza ni siquiera el acceso básico. En Ciudad Juárez las madres se levantan a las dos de la mañana a lavar los uniformes de sus hijos porque los tandeos duran una hora. En las colonias populares les dicen que no hay agua, pero en los grandes residenciales y los campos de golf todo está verdecito, con riego automático”, reprochó.
Al presentar datos oficiales, la senadora advirtió que más del 80% de los municipios del estado han registrado grados de sequía (de moderada a excepcional) durante los últimos cuatro años.
Recordó su visita a la presa La Boquilla, cuando se encontraba al 12% de su capacidad: “Era una tristeza. Los pescadores estaban tristes, los agricultores estaban tristes porque no hubo ciclo agrícola. La sequía también es una contingencia ambiental, pero es una muerte lenta, silenciosa”, indicó.
El diagnóstico fue contundente: mientras la disponibilidad de agua en Chihuahua permite extraer tres mil millones de metros cúbicos al año, los gobiernos neoliberales otorgaron concesiones por seis mil millones, duplicando la explotación permitida.
A esto se agregan siete mil pozos clandestinos y las llamadas constancias de libre alumbramiento, utilizadas como mecanismos para perforar sin regulación. “De ese tamaño es el problema. No es sequía, es saqueo”, afirmó.
“¿Cómo es posible que una sola familia concentre 150 títulos de concesión? Eso equivale a 19 mil albercas olímpicas llenas al 100%. El agua es para Chihuahua, lo que la sangre es para nuestro cuerpo. Están desangrando al estado, desangrando a nuestro campo, y ustedes —dijo mirando hacia la oposición— están defendiendo a quienes se roban el agua”.
