Dr. Fernando A. Herrera M.- De acuerdo con la postura de la gobernadora Maru Campos y el bloque de apoyo en el Congreso, diversas fuentes y analistas locales exponen que la invalidación parcial de la reforma electoral antinarcos fue utilizada para mostrar al centro como un obstáculo frente a los esfuerzos locales por frenar a la delincuencia en las urnas.
La reforma electoral de Chihuahua de junio de 2026 era una respuesta urgente ante la irrupción de la delincuencia en la democracia nacional. Con mayor razón si han dejado a Chihuahua solo en ese combate contra el narcotráfico, el gobierno de Maru Campos y la mayoría de los diputados tomaron una decisión para blindar las elecciones. La bancada de Morena se opuso.
Decidieron ejercer el recurso de llevar el asunto por la vía de la controversia constitucional para dejar la decisión al pleno de la Suprema Corte. Al someter la ley ante los ministros, el movimiento de Morena buscaba anularla con tecnicismos legales orientados a una supuesta defensa de la presunción de inocencia, cuando la pretensión de la ley es muy clara: evitar candidaturas de perfiles bajo sospecha criminal.
Y la tumbaron porque, según ellos, violenta tal presunción. Como si los ciudadanos no supiéramos que hay decenas de miles de inocentes en la cárcel por más de dos años, sin juicio ni sentencia.
Algo sabrán los diputados de Morena sobre algún candidato en Chihuahua; de otro modo ¿cómo se explica ese cambio y esa incongruencia?
La Suprema Corte consumó este revés al anular los mecanismos automáticos contra candidaturas vinculadas al crimen organizado. Resultó paradójico que la justicia federal priorice una agenda ideológica, obligando al estado a legislar sobre una improbable “injerencia extranjera”, mientras ignoró la amenaza real y palpable de los grupos delictivos que ponen candidatos en algunos municipios.
La resolución evidencia una profunda desconexión centralista con la realidad de inseguridad que se padece en las regiones del país. Al desarmar las restricciones al dinero ilícito en las campañas, la federación deja en vulnerabilidad a las instituciones electorales locales y anula la autonomía de los estados para protegerse de la violencia.
A pesar de este embate jurídico operado por Morena, la administración estatal ha dejado en claro que la resistencia continúa. La gobernadora ya prepara nuevas iniciativas legales que reinstauren las salvaguardas electorales, adaptadas estrictamente a los nuevos criterios dictados por el máximo tribunal del país.
Chihuahua no cederá su soberanía ni permitirá que el futuro del estado se decida en los cuarteles del crimen organizado. Si el centralismo indolente cierra un camino legal, la entidad buscará abrir otras vías para garantizar que los ciudadanos elijan libremente a sus gobernantes.
Al final, la historia y las urnas pondrán a cada quien en su lugar.
Dr. Fernando A Herrera. Periodista y politólogo, es Doctor en Administración por la UACH. Presidente del IEE Chihuahua (2006-2015); presidente de Instituciones Electorales de las entidades federativas en México (2014). Es autor de la trilogía “Secretos” filosofía para la vida cotidiana. Presidente y director general de chihuahuaexpres.com.mx
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