Lic. Maclovio Murillo Chávez.- En sus recientes intervenciones, la Jefa del Estado Mexicano ha acusado a los críticos de su política de gobierno –entre otras cosas–, de ser “buitres”, “carroñeros” y de hacer “politiquería”, ante los airados reclamos por la falta de apoyo a Carlos Alberto Manzo Rodríguez, quien antes de su muy autoanunciada ejecución atribuida al crimen organizado, en variadas y muy reiteradas ocasiones, en su calidad de presidente municipal de Uruapan, Michoacán, estuvo suplicando hasta la saciedad y desesperadamente, por el apoyo de la Federación para combatir ese flagelo que azota a su municipio, como sucede en casi todo México.
Personalmente, creo que no es ni siquiera una buena idea que –como defensa del régimen–, se haya optado por realizar el lanzamiento de tales improperios que hieren y lastiman, no solamente a las mujeres y hombres libres de buena voluntad de la sociedad de ese municipio, sino a la de todo el país en general.
La mujer u hombre que se digne de liderar la República, debe ser consciente que la primera y más importante obligación que debe cumplir el Estado como institución y ente político, debe ser precisamente la de proporcionar –para el bien de todos– seguridad pública a sus habitantes en general. Y para hacerlo, debe combatir con toda la fuerza del Estado disponible, a los criminales, sin distingo alguno, trátese de quien se trate.
Seguir ofreciendo abrazos y no balazos a los criminales y dejar indefensa a la sociedad y a sus presidentes municipales respectivos, para que reciban las balas, constituye una irresponsabilidad y negligencia absolutamente inadmisibles.
Ni como broma debe ofrecerse a los criminales “abrazos no balazos”, pues ante el nivel de violencia que ellos emplean, esa resulta una respuesta que proyecta una permisión o apología implícita para que continúen en su labor destructora, cuando lo que debe buscar el Estado mexicano es exactamente lo contrario: alertar por el bien de todos, de las graves penas y consecuencias a que debe atenerse quien comete un delito, todo esto con un propósito evidentemente disuasivo.
No se trata tampoco de iniciarse una cacería sin respeto al estado de derecho, pues, al contrario, lo que se pide no es eso, es en todo caso el combate a la criminalidad con toda la fuerza del estado, pero haciéndolo siempre con respeto a la Constitución, los Tratados Internacionales de los que México forma parte, así como de las leyes respectivas.
La insensibilidad política es lo menos que podría reclamarse ante los improperios infundidos contra los que, en su legítimo derecho, critican una política de gobierno evidentemente errónea, pero cabría también preguntarse: ¿No será algo más? ¿No será perversidad?
¡Así, es cuanto!
