El Coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado, Miguel Ángel Colunga Martínez consideró una actitud incongruente del gobernador Javier Corral, al solicitar escoltas para después de su administración, al recordar que fue él quien al asumir la gubernatura eliminó esta protección.
El diputado manifestó su rechazó a la iniciativa presentada por el mandatario estatal desde el 3 de marzo en Oficialía de Partes del Congreso del Estado; la cual fue turna a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, en la que se contempla un mecanismo de protección temporal a los titulares del Poder Ejecutivo, Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría General de Gobierno por un máximo de cuatro años.
Colunga Martínez consideró que en el Poder Legislativo no se tiene la capacidad de definir cuándo una persona realmente se encuentra en situación de riesgo, y durante qué tiempo se prestará la seguridad y protección por parte del Gobierno del Estado a los funcionarios, además de que el gobernador y sus demás secretarios deben estar conscientes de que aceptaron una responsabilidad importante.
“El gobernador Javier Corral fue lo primero que trató de hacer, quitar escoltas a ex gobernadores, por eso es ilógico e incongruente que ahora si quiera cambiar la ley”, manifestó el diputado morenista al recordar que se derogó el título undécimo de la seguridad y protección al personal de funcionarios públicos al concluir si encargo o nombramiento.
En este sentido, Miguel Colunga advirtió que además la iniciativa no presenta los costos de la seguridad, sueldos, vehículos, materiales, viáticos, entre otros y que incrementará el gasto público, mientras que existen prioridades en atención al sector salud, educación, y empleo.
Agregó que esto presume protección a funcionarios que hayan hecho mal su trabajo y a que existan más actos de impunidad. “Las escoltas a funcionarios públicos, sería tanto como legitimar que los estarían persiguiendo por delitos y faltas que los funcionarios cometieron”.
Finalmente el legislador recordó también que actualmente se cuenta con un marco normativo, La Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, que se considera es parte del marco legal para catalogarlos como personas susceptibles de sufrir un atentado, en la cual se debería de contar con una Comisión o Consejo experto en Riesgos de las personas servidoras públicas; quien determine el nivel de riesgo de los funcionarios, que están al frente de las dependencias de Seguridad.
“O bien hacer uso, de las atribuciones DE LAS INSTANCIAS AUXILIARES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, enmarcadas en el mismo precepto legal, Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública”.
