La fracción parlamentaria de Morena manifestó que la ley debe aplicarse con fundamentos legales a través de procesos legítimos, no mediante revanchismo políticos, ante el proceso de juicio político que se aprobó en la comisión jurisdiccional del Congreso del Estado en contra del ex gobernador Javier Corral Jurado.
Inicialmente se solicitaron por oficio al Gobierno del Estado de Chihuahua las copias certificadas de los documentos que pretenden ofrecer como pruebas ante la Comisión Jurisdiccional, que fueron enviados por medio de la Consejería Jurídica del Estado y la Unidad Administrativa dependiente de la Coordinación de Gabinete. Morena tuvo conocimiento de este proceso el pasado 01 de agosto del 2022, cuando la encargada del Despacho de la Consejería Jurídica informó al Congreso que esa unidad no cuenta con la información requerida.
No obstante, violando lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, el diputado Gabriel García Cantú informó a los integrantes de la comisión que solicitó, a título personal, los mismos documentos probatorios a la Secretaría de Hacienda y pidió un mes de plazo para que le sea entregada. A lo que la bancada de Morena manifestó que esta disposición debe ser tomada por el órgano colegiado, que es la Comisión, no por un legislador, apegados a los principios de debido proceso, legalidad y salvaguardado los derechos humanos del denunciado.
Además, al solicitar el diputado García Cantú un término de 30 días para la recepción de estos medios probatorios, deja en inequidad de circunstancias al ex gobernador, puesto que él solamente tendría un tercio de este tiempo para ofrecer pruebas a su favor, lo que también es violatorio de los derechos fundamentales del denunciado según el artículo 11 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia.
