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España espía ilegalmente el pacífico movimiento por la independencia de Cataluña

Jordi Oriola Folch.-  El pasado 20 de noviembre, se estrenó en HBO Max el documental «Surveilled» producido por el periodista Ronan Farrow (hijo de Mia Farrow y Woody Allen, ganador de un Pulitzer por destapar el caso Harvey Weinstein y una de las cien personalidades más influyentes de 2018, según Time). El documental está teniendo mucha repercusión en todo el mundo, pero curiosamente en España está siendo totalmente ignorado por la mayoría de los medios de comunicación, aunque el Estado español es un protagonista destacado del mismo.

En el documental (https://www.youtube.com/watch?v=f8rh8reDqj8), Ronan Farrow se adentra en el oscuro mundo de la industria de los softwares espía, como Pegasus, utilizando como hilo conductor el caso del Catalangate. Este escándalo ya fue destapado por él mismo en el 2022 en el reportaje en The New Yorker “How democracias spy on their citizens” (“Cómo las democracias espían a sus ciudadanos”).

Documentaba el descubrimiento del laboratorio canadiense Citizen Lab del caso de espionaje de teléfonos móviles más importante hasta ahora: Un mínimo de 65 personas (políticos, activistas y abogados, pertenecientes al movimiento por la independencia de Cataluña) habían sido espiadas ilegalmente, supuestamente por el Estado español en su lucha contra el pacífico movimiento independentista, cuyo único «delito» es plantear una propuesta política inasumible para el ultranacionalismo que impera en el Estado español.

Este tipo de software espía, como Pegasus, administrado por la empresa israelí NSO Group, se vende únicamente a estados para, supuestamente, impedir que terroristas, mafias organizadas y criminales peligrosos cometan asesinatos. Existe un consenso tácito que, en casos así, es pertinente vulnerar el derecho a la intimidad y la privacidad para prevenir males mayores.

Pero la tesis del documental es que esta tecnología puede utilizarse más allá de estos supuestos excepcionales. Los regímenes dictatoriales, que ya vulneran todo tipo de derechos, pueden utilizarla fuera de los supuestos indicados, como hizo el régimen saudí con Pegasus para seguir al periodista Jamal Khashoggi y asesinarle. Y el documental plantea que las democracias occidentales también pueden caer en la tentación de utilizar estas tecnologías casi invisibles con fines espurios contra rivales políticos.

Así, el ejemplo del Estado español sirve para ilustrar cómo está traspasando todas las líneas rojas para intentar destruir un movimiento político que cuestiona su pertenencia en el Estado, aunque el movimiento independentista actúe democráticamente a través de manifestaciones civiles y negociaciones y plantee un desenlace político a través de un referendo.

Pero, desde 2010, España ha llevado a cabo todo tipo de actuaciones legales e ilegales para intentar destruir este movimiento civil: ha enviado a 10,000 policías para impedir violentamente un referéndum, ha creado grupos parapoliciales para sobornar y fabricar pruebas contra el movimiento, ha infiltrado espías a organizaciones civiles, ha utilizado la justicia para reprimir y ha espiado ilegalmente a través de teléfonos móviles a todas las personas que destacaban.

Pese a la repercusión que está teniendo el documental en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, ha sido ignorado deliberadamente por la prensa española que intenta esconder toda esta actividad irregular o, como máximo, cuando sale algo a la luz, lo intentan hacer pasar como actuaciones «normales» por parte de un estado.

Como la Ministra de Defensa, Margarita Robles, dejaba constancia en sede parlamentaria: «¿Cómo no debemos espiarlos y combatirlos con todos los medios de que disponemos, si son un movimiento que amenaza la pervivencia de nuestro estado?».

Así ha sido a lo largo de la historia del Estado español, pero ahora, en un marco supuestamente democrático, se sigue aplicando que: «Todo vale por la unidad de España». Un dogma que el ultranacionalismo español no tiene ningún miramiento en aplicar al movimiento por la independencia de Cataluña, poniendo en suspenso «de forma selectiva» las garantías que diferencian los sistemas democráticos de los dictatoriales.