Lic. Héctor Ramón Molinar Apodaca (Facilitador Privado No. 24 – Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Chihuahua).- Durante décadas hemos creído que todo conflicto debe resolverse en tribunales. Demandas, notificaciones, audiencias, apelaciones, años de desgaste y miles de pesos en honorarios y costas. Pero hoy, gracias a una transformación silenciosa y profundamente jurídica, México cuenta con una vía alternativa con el mismo valor que una sentencia judicial: la mediación y conciliación privada.
La nueva justicia que nace del acuerdo
Tanto la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) como la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Chihuahua reconocen a los Facilitadores Privados certificados por el Poder Judicial como profesionales legalmente facultados para conducir procedimientos de mediación y conciliación con efectos de cosa juzgada, siempre que cumplan con los lineamientos y registro oficial ante el Instituto de Justicia Alternativa (IJA).
Esto significa que un acuerdo conciliatorio firmado ante un Facilitador Privado certificado equivale a una sentencia definitiva, sin necesidad de juicio. La diferencia es enorme: el proceso es voluntario, confidencial, flexible, económico y rápido, pero con la misma seguridad jurídica que otorga el Estado.
Empresas, inmobiliarias y maquiladoras: aliados naturales
Los sectores empresarial, inmobiliario y maquilador pueden beneficiarse de manera directa. Los convenios de arrendamiento, compraventa, prestación de servicios, deudas, conflictos laborales de confianza, incumplimientos contractuales o disputas familiares empresariales pueden prevenirse y resolverse mediante convenios conciliatorios que tienen fuerza ejecutiva.
En un entorno donde el tiempo y la reputación valen más que el dinero, la conciliación privada ofrece certeza inmediata sin pleito. No hay ganadores ni perdedores: hay acuerdos firmes, relaciones preservadas y ahorro de recursos.
La certificación: garantía de legalidad y confianza
No todos pueden conciliar con efectos de cosa juzgada. La ley exige que los facilitadores privados sean evaluados, capacitados y certificados por el Tribunal Superior de Justicia, a través del Instituto de Atención Temprana y Justicia Alternativa.
Cada facilitador registrado cuenta con número de certificación, sello institucional y registro en el sistema del Poder Judicial, lo que garantiza que sus convenios puedan inscribirse en el Registro Público de la Propiedad o del Comercio y hacerse valer ante cualquier autoridad.
En el caso de Chihuahua, el Instituto de Justicia Alternativa mantiene un control riguroso de cada procedimiento, dando a los usuarios la seguridad de que ningún convenio carece de validez o de respaldo institucional.
Una cultura de acuerdos, no de pleitos
El cambio de paradigma no solo es legal, es cultural. En la medida en que empresarios, arrendadores, familias y ciudadanos comprendan que la conciliación privada no es “extraoficial” ni “solo moral”, sino una herramienta con fuerza de sentencia, veremos menos juicios, menos gastos y más paz social.
Como facilitadores, nuestra misión no es juzgar ni imponer, sino ayudar a las partes a escucharse y construir un acuerdo justo. Y cuando ese acuerdo se firma ante un profesional certificado, la ley lo reconoce como definitivo.
Un llamado a confiar
En Chihuahua y en todo México, los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias son el presente de la justicia moderna. Los empresarios que los adopten estarán un paso adelante: resolverán rápido, con certeza, sin pleito ni desgaste.
Es fácil de entender, difícil de creer, pero es una gran realidad que nos beneficia a todos.
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