La justicia tolerante es cómplice del maleante… Una gran polémica se ha desatado a raíz de las marchas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hay quienes han marcado la diferencia entre las marchas de Juárez y de Chihuahua, pues en Juárez se realizaron tres marchas durante el día en las cuales se manifestó el dolor, la indignación, la impotencia y el enorme coraje contra las autoridades que no han hecho nada por detener los feminicidios y la violencia contra las mujeres. Estas marchas en la frontera se realizaron de forma pacífica y respetuosa hacia la comunidad juarense.
La manifestación que se realizó frente al Palacio de Gobierno del estado terminó de forma violenta luego de que un hombre identificado como guardaespalda de la gobernadora lanzara bombas de gas lacrimógeno desde el segundo piso del edificio y provocara con esto la reacción violenta de los manifestantes, quienes causaron destrozos e incendios.
La polémica se ha vuelto más fuerte luego de un desplegado que sacaron empresarios chihuahuenses donde repudian los actos violentos del 8 de marzo, porque algunos de esos que firmaron el desplegado viven en El Paso, Texas y otros traen a sus hijas y esposas con guardaespaldas, por lo que se dice que muy poco les ha de importar la inseguridad que viven las mujeres chihuahuenses.
Todo esto ha generado división de opiniones pues por un lado nos queda claro que la indiferencia y el maltrato de las autoridades hacia los familiares de las víctimas y desaparecidas ha provocado un enorme coraje y resentimiento hacia el Gobierno del Estado. Por otro lado se comenta que hubo personas infiltradas en la marcha y que son agitadores profesionales que fueron enviados por políticos opositores al gobierno de Maru Campos, lo cual enturbia el objetivo principal de la manifestación que es exigir justicia y seguridad para las mujeres.
Por lo pronto, la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal de Chihuahua detuvieron a Germán G. M. de 25 años, originario de la ciudad de Chihuahua, como el presunto responsable de ocasionar los incendios en las instalaciones de Palacio de Gobierno durante la marcha.
Ya está puesto a disposición de la Fiscalía para que se lleven a cabo las indagatorias y habrá que esperar qué resulta de estas investigaciones.
Hay que huir de la justicia de Don Benito, que ahorcaba al hombre y después investigaba el delito…El Instituto Nacional Electoral informó que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una segunda demanda de controversia constitucional, ahora contra la segunda parte del llamado Plan B de reforma electoral promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobado por la mayoría morenista en el Congreso de la Unión.
Este nuevo recurso judicial controvierte la segunda parte del llamado Plan B, del 2 de marzo pasado, cuando entró el vigor el decreto que reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Dicho recurso se suma a la controversia constitucional que ya había sido presentada por el INE el 1 de febrero, en contra de la primera parte del Plan B, que consiste en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el DOF el 27 de diciembre de 2022.
En un comunicado, el INE detalló que mediante la controversia constitucional se busca defender no sólo la autonomía del instituto, sino el Estado democrático establecido en la Constitución, “ante el cúmulo de violaciones constitucionales detectadas en aproximadamente 200 artículos de la reforma que vulneran 25 disposiciones constitucionales”.
La nueva controversia se basa en cuatro ejes fundamentales: la violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión, la vulneración a la autonomía e independencia del INE por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo, la vulneración a las condiciones de equidad y de otros principios que deben regir las contiendas electorales y la afectación inconstitucional de los derechos laborales del personal del INE que provoca dicha reforma.
Alegan, además, que la reforma contiene cambios que afectan la certeza en los procedimientos que conforman el proceso electoral.
La justicia y la razón las más recias armas son… El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó la restitución de Edmundo Jacobo Molina como secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral al asegurar que fue electo por el periodo 2020-2026. La decisión se toma después que fue destituido de su cargo por las reformas electorales, conocidas como “plan B”.
Esta reforma, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló en un transitorio que debía dejar su cargo, y el Consejo General del INE tenía que elegir en mayo a otra persona que lo sustituyera.
Entre las razones que dieron los magistrados para pedir que se restituya a Edmundo Jacobo Molina fue que no existe motivo que justifique que se termine anticipadamente su encargo. Edmundo Jacobo también impugnó su cese ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde aún no se discute el caso.
