Entre circo, maroma y mentira, la verdad se asoma… No cabe duda de que el reporte de las Guacamaya Leaks ha exhibido continuamente al gobierno a través de la Sedena de manera continua y vergonzosa. Según información hackeada directamente del servidor de la Sedena, el Centro Militar de Inteligencia es un organismo secreto al servicio del titular de la Sedena, que de acuerdo con la información obtenida en las filtraciones, este CMI ha estado espiando y grabando ilegalmente conversaciones telefónicas de líderes de los derechos humanos, a pesar de que legalmente el ejército no está facultado para espiar o grabar conversaciones telefónicas de los mexicanos.
No tiene facultades, ni legales ni constitucionales, para intervenir en las comunicaciones. Como queda claro en el reporte publicado por la revista Proceso, basado en la información que quedó expuesta por las guacamayas Leaks, las conversaciones telefónicas privadas del Director de los Derechos Humanos de Nueva Laredo, en Tamaulipas, Raymundo Ramos Vázquez, durante los meses de agosto y septiembre de 2020, fueron intervenidas.
Por este motivo, un grupo de organizaciones defensoras de los derechos humanos le hicieron seis exigencias al gobierno federal de la cuarta transformación.
Destacamos dos de las exigencias que tienen que ver directamente con el espionaje de la Sedena: 1) El cese inmediato del espionaje militar. 2) Un enérgico “fuera manos” de la Sedena en las investigaciones que continuamente interfieren, como lo demuestra el sabotaje de la Sedena a la investigación de la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo y en la investigación de la muerte de tres civiles perpetradas por militares en Nuevo Laredo. Ramos Vázquez se dice testigo presencial del montaje que armó la Sedena para ocultar el crimen, pues acompañaba a los familiares de las víctimas. Asegura también que la Sedena grabó varias conversaciones del activista con corresponsales de distintos medios nacionales al respecto. Por este motivo, y ante la confirmación de que existen dichas grabaciones por las guacamayas Leaks, Ramos responsabiliza al ejército y al titular de la Sedena de lo que pudiera ocurrirle.
Ante las continuas negaciones del Presidente de la República de que se dé el espionaje con Pegasus, dicen los derechos humanistas que no saben si el presidente miente o si los militares le mienten al presidente, pero las revelaciones de las Guacamaya Leaks lo dan por confirmado que sí existe espionaje en las comunicaciones. Sofía Robina, abogada del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, declaró lamentándose que en octubre del año pasado, tras la presentación de la primera parte de la investigación “Ejército Espía”, el Estado Mayor ignoró la petición de que se esclarecieran los actos de espionaje con Pegasus. La abogada asegura que las fuerzas armadas cuentan cada día con más facultades sin los controles adecuados que los regulen. Robina asegura que el informe del espionaje sobre Ramos fue elaborado por el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, General Homero Zapata, el segundo puesto más alto en la jerarquía militar, superado solamente por Luis Crescencio Sandoval. El destino de dichos reportes es secreto y según los derechos humanistas, se realizan desde el 2017, cuando Enrique Peña Nieto era el Presidente de la República.
Ya se veía venir… Un juez federal concedió el cambio de medida cautelar a Francisco González Arredondo, exfiscal de los Expedientes X acusado de tortura por varios de los presuntos involucrados en la Operación Justicia para Chihuahua del exgobernador Javier Corral Jurado, por lo que podrá continuar su proceso en libertad.
González Arredondo fue detenido el pasado 20 de noviembre en Delicias tras ser señalado de tortura por seis testigos protegidos de los Expedientes X. Fue presentado ante un juez que lo vinculó a proceso y ordenó que permaneciera en prisión preventiva como medida cautelar.
Sin embargo, tras un amparo, un juez federal concedió una audiencia en donde se valoró esta medida y ordenó que se le concediera el proceso en libertad, pero debería acudir a firmar cada 15 días ante el Tribunal.
Francisco González Arredondo fue acusado por el delito de tortura psicológica por parte de la Fiscalía General del Estado, pues fue denunciado por seis testigos protegidos de los Expedientes X, quienes señalaron presiones, amenazas, malos tratos, largas jornadas de interrogatorio entre otros, si no declaraban en contra de varios de los acusados de la llamada oficialmente Operación Justicia para Chihuahua.
Cada uno quiere llevar el santo a su capilla… Bertha Alcalde Luján, hermana de la secretaria del Trabajo y Jaime Miguel Castañeda, asesor de Morena, dos personas cercanas a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron los aspirantes a consejeros del INE que obtuvieron los mejores puntajes en el examen que fue aplicado el martes por el Comité Técnico de Evaluación.
Jaime Miguel Castañeda Salas es asesor de la representación de Morena en el Consejo General del INE, mientras que Bertha Alcalde Luján es hermana de María Luisa Alcalde, la actual secretaria del Trabajo. Obtuvieron 79 y 74 aciertos, respectivamente, de 80.
Del lado de las mujeres también se encuentra Maday Merino Damián, expresidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, con 74 puntos; después le siguen Zelandia Bórquez Estada, Susana Mercado Alvarado y Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quienes lograron 73 puntos.
Mientras, del lado de los hombres, después de Jaime Miguel Castañeda Salas, le sigue con 78 puntos Armando Ocampo Zambrano, quien dejó ser el comisionado ejecutivo para Atención a Víctimas de la Ciudad de México en medio de denuncias de víctimas de la Línea 12 del Metro por presunto hostigamiento.
Otros de los aspirantes cercanos a Morena son Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien alcanzó 70 puntos; Roberto Cardiel Soto, encargado de la Secretaría Ejecutiva del INE, quien tuvo 74 aciertos.
De 508 personas que presentaron el examen, el CTE dio cuenta de lo obtenido por 204, que son 102 hombres y 102 mujeres.
El 3 de abril de este año, los consejeros Adriana Favela, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz y el consejero presidente Lorenzo Córdova concluyen su cargo por lo que la Cámara de Diputados debe elegir a las cuatro personas que los sustituyan.
