A quien corresponda… Cuando se legisla con la intención de dañar, se abusa del poder, se utiliza el puesto para desvirtuar e incapacitar lo que te estorba, lo que te incomoda y finalmente te exhibes como lo que eres, no dejas lugar a dudas sobre la naturaleza de tus creencias.
El plan B, recién pasado en las cámaras legislativas tiene motivos e intenciones muy sanas en apariencia, pero exhiben un ánimo de limpiar el camino a la reestructuración democrática del país, sin duda alguna para dar paso a las condiciones que mejor convengan, para entregar el país a los acuerdos de Río de Janeiro.
Con la paciencia de un maestro titiritero, López Obrador ha ido implantando cambios certeros que llevan al país al puerto que él desea y que sabe perfectamente que el pueblo mexicano, ni siquiera sospecha. Mientras que él como presidente, se expone ante la nación por tres horas diarias, condena al resto de los presidentes municipales y gobernadores de estado a un gasto del 0.1% de su presupuesto total, para publicar y dar a conocer sus obras y programas de trabajo.
No más le falta gritar ¡yo sí puedo y ustedes no! Quince horas de exposición de su persona y sus obras a la semana, en Televisión Nacional por 4.33 semanas al mes, totalizan 65 horas de televisión al mes. Añada usted los costos de producción y les garantizo que los gastos de comunicaciones de la Presidencia de la República rebasan al año y por mucho el 0.1% de los gastos de la presidencia.
Esa doble moral, esa manera de arrasar con la competencia, abusando del poder, no es sana. Por lo mismo, será repelida en el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, hasta que los desaparezca a ellos también.
Criticaban al ex gobernador de Chihuahua César Horacio Duarte Jáquez cuando decía “el poder es para poder” y esos mismos críticos son los que hoy alaban al presidente por hacerlo. No se entiende, aplauden lo que ayer criticaban y hasta se justifican.
La intención se adivina por un lado y tiene una nueva ley para atosigar a los mandatarios estatales y municipales. Así, al paso del tiempo, a corto y mediano plazo, solo los funcionarios federales serán conocidos, solo sus logros serán aplaudidos y solo sus mensajes serán escuchados.
Matando dos pájaros de un solo tiro se irá limpiando de medios de comunicación que ante tanta regulación, no podrán sobrevivir y serán suplantados por agencias de noticias gubernamentales, que solo darán a conocer el punto de vista oficial. Estas agencias de información nacional nunca han funcionado, siempre terminan apabulladas por la competencia, pero… no habrá competencia. Ahora, a diferencia de entonces, prosperarán ante el proteccionismo del monopolio gubernamental.
Esta queja se queda en el aire, así dirigida a quien corresponda. No se puede luchar contra ella, pues es el mismo gobierno quien la origina. En ninguna parte del mundo es bien visto que alguien pueda ser juez y parte, pues esta condición deja muchas dudas de que el gobierno dé marcha atrás a un proyecto en el que evidentemente estaba ponderando el cómo hacer el mayor daño posible. ¿Tanto estorba la prensa libre? ¿Tanto encono? ¿Tanto miedo? Esta es la última escena de la obra. De un manotazo derriban hábilmente la real libertad de expresión.
No hay mal que dure cien años… El Tribunal Federal de Justicia Administrativa revocó la inhabilitación por 10 años que impuso la Secretaría de la Función Pública a la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, quien actualmente se encuentra recluida en el Santa Martha Acatitla por una investigación en su contra por la llamada Estafa Maestra.
La secretaría de Estado había impedido que la exfuncionaria desempeñara cargos o empleos en el servicio público federal tras la sentencia emitida el 8 de septiembre, pues fue señalada de presuntamente haber falseado su declaración patrimonial una cuenta bancaria con un saldo de dos mil 800 pesos; sin embargo, la sentencia del Tribunal indicó que la dependencia debe de emitir una nueva sanción.
Un día ante de la audiencia, en entrevista, Robles Berlanga aseguró que el delito por el cual se le acusa “ya no existe” debido a que fue derogado, por lo que señaló que estuvo “mal planteado” por la Fiscalía General de la República.
Asimismo, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, refirió que el delito está tipificado en dos leyes, es decir, en el Código Penal Federal y la Ley Hacendaria, por lo que, basándose en el principio de pro persona, se debió de haber juzgado su caso en beneficio de la acusada en el proceso, por lo que tendría que juzgársele por la segunda ley que es vía administrativa.
Poco a poco se anda lejos… La Fiscalía General del Estado de Chihuahua logró la primera sentencia de extinción de dominio, en la cual se decretó que pasen a favor de Gobierno del Estado bienes muebles e inmuebles con un valor comercial aproximado de 79 millones de pesos.
La resolución fue emitida por el Juez Octavo Civil por Audiencias y Especializado en Extinción de Dominio en la que dictaminó que dichos bienes, propiedad de los ex funcionarios Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga y su esposa Mayra Julieta Urbina Arzola, pasaran al estado, de conformidad con la Ley Nacional de Extinción de Dominio que entró en vigor en noviembre de 2019.
Con esta sentencia, la FGE se posiciona a nivel nacional al llevar casos de corrupción por la vía de extinción de dominio y cuyo recurso servirá para el pago de la reparación del daño, así como para programas encaminados a la seguridad pública.
