Lo más importante en la vida es intercambiar ideas para lograr una obra maravillosa… La terquedad de Carlos Murguía para construir el Centro de Convenciones en los terrenos de El Chamizal cada vez crea más polémica.
Ahora es el arquitecto Jorge Bermúdez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y expresidente de Canacintra, quien pone el dedo en la llaga al declarar que además de ser una zona natural donde quieren construir, se verían afectadas con problemas de agua potable las colonias Cuauhtémoc e Hidalgo, además del mismo Chamizal.
El arquitecto Bermúdez es un empresario con una vasta experiencia en el desarrollo urbano y la construcción por lo que su opinión debe ser tomada en cuenta. Considera Bermúdez que es necesario en Ciudad Juárez un Centro de Convenciones y Visitantes pero que se debe de hacer en un lugar que sea idóneo.
Bermúdez no es el primero que se opone a este proyecto, son muchos los juarenses que están en contra porque saben que ese lugar es un cauce natural para el agua pues ahí era el Río Bravo y en unos años podría haber hasta hundimientos por el acumulamiento de agua.
Ojalá y los funcionarios federales, los de Semarnat y los encargados de autorizar el uso de suelo hagan un buen estudio antes de autorizar algo que pueda dañar a cientos de familias de las colonias aledañas. Por lo pronto valoramos la valiente opinión del arquitecto Jorge Bermudez pues siempre se ha caracterizado por trabajar a favor del desarrollo de Juarez.
Cuando más grande sea el caos, más cerca está la solución… Según los rumores de radio pasillo en el palacio de gobierno en Chihuahua, será el ex procurador de justicia Francisco Molina el titiritero asignado para manejar la sustitución de Gema Chávez en la fiscalía anticorrupción.
Los que saben de esto especulan que si no retiene el nombramiento para sí mismo es muy probable que se pronuncie a favor de Hugo Ernesto Gonzales esposo de su hija.
Hay quienes aseguran que si Molina llegara a retener la titularidad de la fiscalía anticorrupción sería para iniciar con ello la persecución del multi odiado Javier Corral con lo que tendría para ocuparse los próximos dos años.
No hay peor ciego que aquel que no quiere ver… Voceros de la Coparmex señalan la imperiosa necesidad de que el gobierno federal revise sus políticas de seguridad, pues ya que un promedio de 100 muertos diarios en el país, por hechos delictivos durante los últimos 41 meses, nos indican que sus políticas de seguridad han fracasado rotundamente.
Agregaron que la publicación de videos donde las fuerzas del orden y el ejército son perseguidas por grupos delincuenciales solo ratifican dicho fracaso y nos llevan a temer por una república mexicana sumida en la más total de las anarquías sin ley y sin orden.
El fracaso de la política de abrazos no balazos requiere de una profunda revisión de las tácticas utilizadas y exigen que se replanteen las estrategias y se cambien los discursos.
Ignacio Manjarrez Ayub, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Coparmex, relata que las autoridades no han cumplido con hacer cumplir la ley, agregando que si no se actúa conforme a derecho y se investiga, arresta y juzga a los delincuentes ¿para qué gastar en mantener a la guardia nacional en las plazas y al ejército si en boca del primer ejecutivo de la nación se les prohíbe actuar?
A buen entendedor, pocas palabras… Hay mucha gente que está convencida de que nuestros legisladores están comprados por grupos delincuenciales y por tal motivo han venido legislando para relajar las leyes que sancionan a los criminales y que sin ningún reparo por la sociedad a la que laceran con sus actitudes, han inventado una serie de escapatorias para que las autoridades competentes y los jueces suelten impunemente a los delincuentes, amparado en faltas al debido proceso.
Esto fomenta la impunidad en la que ahora el único que no tiene derechos es la víctima de los criminales, usted entenderá que ellos son humanos y usted no tanto.
Ahora es el ministro de la suprema Corte de Justicia de la Nación Juan Luis González Alcántara, quien se indigna por la desproporcionalidad de la sentencia de hasta 70 años a quienes extorsionan, medida con la que César Duarte pretendió acotar las muchas extorsiones que se vivían en nuestro estado.
Pues bien, el Magistrado Alcántara preocupado no por las víctimas sino por los victimarios pretende declarar dicha sentencia inconstitucional.
Al magistrado le importa poco que el cobro de piso en el estado estaba ya institucionalizado y amenazaba la supervivencia de las empresas chihuahuenses, ¿Cómo se atreven a incordiar a los que tan generosamente le retribuyen sus magistrales consideraciones?
Al magistrado poco le importa que cierren todos los negocios del país, lo verdaderamente importante es retribuir la generosidad de las mafias con su patrimonio.
Eso sí, es importante y es para lo que deben esgrimirse los argumentos legales, todo el poder a quien me da de comer, los demás para mí no existen, es la actitud que muchos de los que hoy legislan a favor de los criminales ostentan en sus acciones y no en sus decires.
Una de las cosas más difíciles de gobernar es encontrar a las personas con capacidad para realizar el trabajo… En la Dirección del Instituto de la Defensoría Pública de Gobierno del Estado todo marcha sobre ruedas desde que entró el licenciado Héctor Gonzalez Mocken a coordinar las defensorías de todo el Estado.
Todos comentan que el anterior director de de defensorias del Estado era un abogado altanero e ineficiente, que trataba a todos como si fueran sus empleados personales y para colmo está acusado de acoso laboral. Que nunca falta un prietito en el arroz eso es cierto y en todas las defensorías hay que ir limpiando a todas aquellas personas que se sienten bordadas a mano y quieren seguir tratando a los abogados defensores como si fueran empleados de mantenimiento.
Esperamos que el licenciado Héctor González Mocken siga trabajando con tanto ahínco como hasta este momento y que siga depurando las defensorías de esas “personitas” mala leche porque nunca van a cambiar y que son una mancha para el trabajo tan honroso y nada reconocido que hacen los defensores públicos a la ciudadanía.
