Alejandro Zapata Perogordo.- Se han pronunciado voces calificadas ante la eventual reforma para elegir por el voto popular a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal. De la H Suprema Corte de Justicia de la Nación, prácticamente una gran mayoría, lo aprecia como un entramado para debilitar y apoderarse, por parte del Ejecutivo, de un contrapeso fundamental en el equilibrio de los poderes.
La institución, de acuerdo al diseño constitucional, tiene una función relevante. La administración de justicia requiere de órganos especializados, máxime que las diferentes ramas del derecho han evolucionado de tal forma que se necesitan personas que dominen las materias.
El único argumento que se ha escuchado para sostener la innovadora propuesta viene de una campaña bien orquestada desde Palacio Nacional, acusando de corrupción en términos generales al Poder Judicial, planteamiento ambiguo, tramposo y completamente sesgado.
Si partimos de la base que existe corrupción, no puede afirmarse de una generalidad, se han presentado casos que deben ser investigados y sancionados, aspecto del que existe constancia y además debe ponerse mayor atención al respecto; sin embargo, eso no es justificante para cambiar la forma de obtener el nombramiento de juez o magistrado.
La práctica de corrupción en este país se encuentra profundamente arraigada, inclusive a pesar de haber sido uno de los grandes temas a combatir en este sexenio, sus índices se han visto incrementados, es un lastre que venimos arrastrando y contrasta con los discursos, a ojos vistos en esta administración se han solapado impunemente con criterios selectivos esas conductas.
El mismo parámetro sería de utilidad para elegir en consecuencia a todos los servidores públicos, incluyendo gabinetes; funcionarios menores; al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; embajadores y cónsules; y así sucesivamente, dejando de lado experiencia, capacidad y profesionalismo.
Sin embargo, ese no es el propósito contenido en el Pacto Social, sino el de garantizar el buen funcionamiento de las instituciones, inclusive, contemplando aspectos básicos en algunas de estas que, de acuerdo con su actividad de alto contenido técnico, fueron diseñadas para evitar las presiones y vaivenes provenientes de la actividad política.
Ese fue el caso de que, tanto al Poder Judicial Federal como a la H Suprema Corte de Justicia de la Nación, les fueran retiradas facultades y competencia para conocer de la materia electoral, quedando a cargo de esa materia un órgano especializado: el Tribunal Electoral Federal, precisamente para no involucrar una cosa con otra.
El que se asignen los cargos por votación popular, es obligar a los aspirantes a jueces a convertirse en candidatos e involucrarse en la actividad política; a darse a conocer ante los electores; a buscar simpatizantes, patrocinios de campaña, formar equipos, hacer promesas y adquirir compromisos. En síntesis, su arribo al cargo será en base a simpatías y no necesariamente a capacidad, debilitando la seguridad jurídica a la que nos obligamos en tratados internacionales.
Es necesario exigir mayor compromiso al Poder Judicial Federal, en la selección, reclutamiento, supervisión y vigilancia de jueces y magistrados, al igual que a los demás poderes y órganos del Estado, sobre todo para combatir con eficacia la corrupción.
De eso a desmantelar el sistema de justicia, me parece un despropósito con fines mezquinos.
