Rafael Espino.- En su libro “Las categorías del desarrollo económico y la investigación en Ciencias Sociales”, escrito hacia 1977, el recientemente fallecido abogado, sociólogo e ilustre exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pablo González Casanova, sentenció acertadamente que son dos los requisitos esenciales para el desarrollo y progreso de los países, a saber: 1) el generar riqueza; y 2) el distribuirla equitativamente entre su población.
No avanza en términos de bienestar colectivo un país rico, pero mal distribuido; como tampoco otro que no crezca económicamente, así lo poco que genere lo distribuya muy bien.
Se celebra como la gran aportación del gobierno anterior la política social elevada a rango constitucional, consistente en los programas del bienestar, que han apoyado a la población más vulnerable y contribuido en sacar a un segmento importante de la misma de condiciones de marginación.
No obstante, es de observarse y debe ser tema de especial preocupación el crecimiento económico, que ha estado muy lejos del 4% anual originalmente ofrecido el sexenio anterior, habida cuenta de la crisis económica mundial generada por la pandemia del Covid 19.
Sin duda, uno de los mayores retos del actual gobierno federal será el reencauzar al país en la ruta del crecimiento económico.
Como referencia, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en México se ha rezagado ostensiblemente con relación al de los Estados Unidos de América, nuestro principal socio comercial, dado que mientras en los últimos cinco años el vecino del norte creció un 8%, en México decrecimos un 0.2% de acuerdo con un análisis del Bank of America (BofA) Securities, según reportó el periódico Reforma el pasado 8 de enero. Y la importancia de crecer económicamente no es menor. La recaudación tributaria, proyectada para este 2025 de 5.3 billones de pesos, se sustenta en una expectativa de crecimiento mínimo del 2%.
En 2024 la recaudación tributaria del país fue de 4.8 billones de pesos, con una tasa de crecimiento del 1.6%, lo que significó un déficit fiscal del 5.9%.
Este año, conforme al Paquete Económico 2025 presentado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez De la O, se proyecta una reducción del déficit fiscal al 3.9% del PIB en forma ampliada, para mantener la deuda pública en un nivel sostenible del 51.4% del PIB y “apoyar la estabilidad financiera a mediano y largo plazo”. Prevén ingresos públicos por 8 billones de pesos y un desembolso de 9.2 billones de pesos.
El gran desafío del gobierno de Claudia Sheinbaum consiste, entonces, en reducir el déficit fiscal, sin que eso se traduzca en un menor crecimiento económico o en una mayor desaceleración. Tenemos tres años de desaceleración y el contexto internacional no favorece, particularmente las políticas comerciales que ha anunciado anticipadamente el presidente estadounidense electo Donald J. Trump, que dirigirá al país con el que tenemos el 80% de nuestro intercambio comercial internacional. De preocupación especial será también el que se presente una recesión en los Estados Unidos de América, lo que impactaría directamente en nuestras exportaciones, así como los menores niveles de inversión y consumo. En este contexto, se torna muy difícil lograr mejoras sustantivas en el mercado laboral en términos de empleo o salarios, lo que afecta la posibilidad de realmente lograr mejores niveles de vida para nuestra población.
