Dr. Fernando A. Herrera M.- El consumo de combustible en México no es, ni ha sido nunca, un misterio. Es una simple aritmética de sumas y restas. Calcular cuánta gasolina y diésel se consume en el país es una tarea elemental para la autoridad. Se conoce con precisión el número de autos y camiones que circulan, la cantidad de gasolineras operando y el volumen de ventas que reportan diariamente. Si a estos datos se les cruza la producción de las refinerías de Pemex y las importaciones oficiales, los números deberían cuadrar de forma transparente.
Por lo tanto, resulta imposible que un tercio del combustible consumido en territorio nacional desapareciera de los registros sin que nadie lo notara. Era obvio que a la hacienda pública le faltaban miles de millones de pesos por concepto de IEPS e IVA, una anomalía que debió disparar las alertas rojas en las pantallas del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Alguien, necesariamente y con pleno conocimiento de causa, decidió ignorar ese enorme boquete financiero.
Bajo esta premisa, el multimillonario negocio de contrabandear combustibles desde los Estados Unidos registrándolos falsamente como productos químicos exentos de impuestos o de bajo arancel, no fue ni es un simple descuido aduanero. Ha sido, y sigue siendo, una operación minuciosamente estructurada desde 2019 que, por pura lógica elemental, requiere de una logística monumental.
No hablamos de unos cuantos bidones escondidos en los huecos de algunas camionetas. Hablamos de una sofisticada triangulación que exige la alineación de buques en terminales marítimas, aduanas, permisos ferroviarios y el libre tránsito de miles de pipas a lo largo y ancho del país.
Ante la magnitud de esta realidad, la narrativa oficial que nos pretenden vender con el señalamiento de “chivos expiatorios” se desmorona.
Es absolutamente inverosímil pensar que el exgobernador Ernesto Ruffo o los dos mandos navales encarcelados, los hermanos Farías Laguna, tuvieran la alta jerarquía o la autoridad requerida, incluso la capacidad personal para comandar a semejante ejército de voluntades. Menos aún para darse a la tarea de corromper, de forma individual, a cientos de funcionarios de diversas y variadas dependencias.
Ningún civil o mando medio posee el peso político ni jerárquico para lograr que tantas instituciones obedezcan de manera unánime y coordinada. Es más, seamos realistas: ni el mismísimo secretario de Marina tiene la capacidad de mando suficiente para coordinar a todas las dependencias involucradas en este negocio.
La estructura militar es vertical y estrictamente delimitada. El titular de la Marina puede mandar en los puertos y aduanas marítimas, pero carece por completo de jurisdicción legal sobre el aparato civil del Estado. No puede ordenarle a la Secretaría de Energía o a la Comisión Reguladora de Energía que emitan permisos falsificados, tampoco puede obligar al SAT a simular auditorías y, mucho menos, tiene el mando sobre la Guardia Nacional para que escolte o ignore el paso de las pipas por las carreteras federales sin contar, además, con el secretario de la Defensa Nacional.
Una operación perfecta, enorme y masiva que trasciende el sexenio, como lo es este contrabando de combustibles, solo se explica con el aval de una autoridad muy superior a la del desaparecido tío que fungía como secretario de Marina.
El hilo conductor del “huachicol fiscal” apunta de manera inevitable hacia la cúspide del poder. Solo desde ahí se puede emitir una orden tan vertical y unánime que obligue a secretarías de Estado, órganos autónomos y altos mandos militares a mirar hacia otro lado.
Si las investigaciones actuales de la Fiscalía General de la República se detienen en los nombres de Ruffo y los hermanos Farías que hoy están tras las rejas, el caso no será más que otro teatro político o una farsa de la procuración de justicia.
Para erradicar verdaderamente este cáncer, el Estado debe voltear hacia sus propias tripas y admitir que el fraude se autorizó desde la oficina más alta del poder.
Nota: Decía Antonio Navalón: si el príncipe es inocente, qué mala suerte, porque todo indica que no podrá demostrarlo. Y si es culpable: habrá matado a su padre políticamente.
Dr. Fernando A Herrera. Periodista y politólogo, es Doctor en Administración por la UACH. Presidente del IEE Chihuahua (2006-2015); presidente de Instituciones Electorales de las entidades federativas en México (2014). Es autor de la trilogía “Secretos” filosofía para la vida cotidiana. Presidente y director general de chihuahuaexpres.com.mx
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