Candelario González Villa.- El Estado mexicano se encuentra bajo el control de una minoría que utiliza el poder público para su propio beneficio. Existe una oligarquía que ha secuestrado a las instituciones políticas para adueñarse del presupuesto público y de los bienes de la Nación.
En esta circunstancia hay que restablecer la soberanía popular para poner al Estado al servicio de los ciudadanos y de la nación y para que las leyes garanticen los derechos del pueblo.
Desde la primera Constitución de México (1814), se reconoce el principio de soberanía popular. En el Art. 4º, la Constitución de Apatzingán estableció que: “Como el gobierno no se instituye para honra o interés particular de ninguna familia, de ningún hombre ni clase de hombres, sino para la protección y seguridad general de todos los ciudadanos, unidos voluntariamente en sociedad, esta tiene derecho incontestable a establecer el gobierno que más les convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requiera”.
La Constitución actual también reconoce ese derecho del pueblo. Bajo este precepto podemos recuperar democráticamente al Estado, a través de la participación activa y del voto ciudadano.
Elegir un Poder Ejecutivo y un Legislativo que realmente representen a los ciudadanos, sus aspiraciones y demandas, servirá también para reintegrar las riquezas y los bienes públicos que han sido enajenados en forma anticonstitucional.
La resistencia de los poderes fácticos, que no aceptan cambios en el actual sistema político, puede ser vencida mediante una insurgencia cívica que haga valer la voluntad popular y reconstruya la república desde abajo, creando modalidades de poder ciudadano, nuevas instituciones públicas, nuevos instrumentos legales y políticos para gobernar con el pueblo y para el pueblo.
El Estado debe asumir su responsabilidad con la sociedad, combatir la desigualdad, tener un papel activo en la economía para impulsar el desarrollo y el bienestar del pueblo, restablecer el Estado de Derecho y la seguridad de los ciudadanos.
Un gobierno legítimo nace y se sostiene con el voto popular, por lo que debe garantizar elecciones limpias, equitativas y sin dispendio de recursos. Un gobierno democrático dialoga, hace acuerdos y respeta todas las expresiones ideológicas, políticas y culturales de la sociedad.
Un gobierno democrático debe asegurar el ejercicio de la crítica, la expresión libre y el derecho a disentir. El pensamiento y la expresión libres son condiciones sin las cuales no hay democracia posible.
