Dr. Fernando A. Herrera M.- La acusación de traición a la patria contra César Jáuregui es más ruido político que caso penal, y lo más probable es que no resista la prueba del ácido frente al juez. Si se cae, quien saldrá más golpeada no será Morena, sino la gobernadora Maru Campos.
El exfiscal de Chihuahua fue detenido el 17 de octubre por el operativo en El Pinal, municipio de Morelos, en el que participaron agentes ligados a la CIA. Enfrenta un proceso estatal, que lleva la Fiscalía nombrada por la propia gobernadora, y otro federal, de la FGR.
La paradoja es que el Gobierno panista lo detuvo primero para cerrar el caso en él, y eso puede convertirlo en el testigo que menos le conviene. Y aquí cabe una pregunta: ¿y la Fiscalía Anticorrupción?
Un cargo hecho para la prensa, no para el juez
La traición a la patria es uno de los delitos más graves del país, con penas de 5 a 40 años de prisión, y precisamente por eso es de los más difíciles de probar. No basta con demostrar que hubo agentes extranjeros en un operativo: hay que acreditar que se actuó contra la independencia o la soberanía de México con la intención de someterlo o perjudicarlo frente a un poder extranjero.
Aquí los hechos apuntan en sentido contrario. El operativo desmanteló un laboratorio con más de 55 mil litros de químicos, 50 toneladas de precursores y casi 2 mil litros de metanfetamina. Es difícil sostener ante un juez que destruir un narcolaboratorio haya sido un acto contra la nación. Como pregunta su defensa: ¿qué acción de Jáuregui puso en riesgo la soberanía o la gobernabilidad del Estado Mexicano?
La propia rareza del cargo juega en contra de la FGR. Según el abogado Héctor Villasana, no hay un precedente cercano de alguien imputado por traición a la patria. Cuando una fiscalía estrena un delito casi en desuso contra un aspirante opositor a meses de una elección, el juez tiene razones para leer con lupa y entrar en interpretaciones.
Lo que sí podría probarse es la falta de autorización federal y la ruptura de los protocolos, aunque eso encaja mejor en los delitos de servidores públicos que en la traición a la patria.
La jugada del Gobierno
A Jáuregui no lo detuvo primero la FGR. Lo detuvo la policía estatal, por una orden de la Fiscalía que él mismo encabezó, apenas días después de que la gobernadora dijera, en entrevista con Latinus que lo que hizo no se podía perdonar y que había actuado “por la libre”. Ese cargo estatal —ejercicio ilegal del servicio público y coalición— es menor, pero cumple una función política: le endilga la responsabilidad a él y, de paso, a su subordinado, Guillermo Zuany, pero a nadie más arriba.
No es la primera vez que la versión estatal cambia y siempre apunta hacia abajo. En abril, la unidad que creó el Gobierno del Estado para investigar el caso atribuyó la invitación de los agentes al director de la AEI, Pedro Oseguera, quien murió en el accidente y no puede declarar. Ahora, el siguiente eslabón es Jáuregui.
El patrón es claro: cada versión oficial deja a la gobernadora un piso más lejos de la decisión.
El bumerán
Si el juez federal tumba la traición a la patria, Morena pierde la narrativa, pero el problema se muda a Chihuahua. Jáuregui quedaría frente al proceso estatal que le armó su propia correligionaria. Y un hombre al que su aliada encarceló para protegerse, tiene pocas razones para guardar silencio.
Hasta ahora ha sido leal: según la prensa, asumió la responsabilidad política del operativo, pero esa lealtad tenía sentido mientras se sentía cobijado y no lo borraban de la lista de aspirantes a la alcaldía de Chihuahua.
Ahora, detenido por la Fiscalía de la gobernadora, su cálculo es otro. Basta con que cuente quién o quiénes sabían, desde cuándo y cuánto se les informó para que el caso deje de ser de un exfiscal y se convierta en uno de Palacio de Gobierno.
La ironía es completa. La gobernadora detuvo a Jáuregui para cerrar el caso en él; si el cargo federal se cae, la detención ordenada en Chihuahua podría darle a Morena lo que su FGR no consiguió: un testigo dispuesto a hablar desde adentro.
Lo que podría desmentir esta tesis
Una columna política honesta debe decir qué la haría equivocarse. Hay tres escenarios.
El primero: que la FGR tenga más de lo que se ha conocido. La fiscal Ernestina Godoy respalda su acusación con más de 100 actos de investigación, o al menos eso dijo. Además, en la audiencia estatal apareció un testigo protegido: ¿quién es y qué podría saber? Si hay pruebas de que Jáuregui ocultó la presencia de los agentes, como sostiene la acusación sobre su conferencia del 19 de abril, el juez podría vincularlo a proceso.
El segundo: que Jáuregui calle. Si el PAN o Maru lo sostienen con defensa y apoyo político, y él decide cargar con todo, el bumerán no regresa.
El tercero: que hable, pero sin pruebas. Una acusación contra la gobernadora sin mensajes, oficios o testigos sería su palabra contra la de ella, y Maru la presentaría como una venganza.
El caso sigue una secuencia previsible. Primero cayó Oseguera, que ya no puede hablar; luego, Jáuregui y su subordinado, el prófugo Zuany. La pregunta es si la baraja se detiene ahí o si queda una carta más arriba.
La FGR apostó a lo grande con un cargo que difícilmente podrá sostener. El Gobierno estatal apostó al control de daños al entregar a un aliado. Ambas apuestas pueden salir mal.
Si el juez federal no vincula por traición a la patria, Morena se quedará sin su golpe mayor y Maru Campos con un amigo resentido que conoce la historia completa. Ese es el bumerán de El Pinal.
El cocinero ausente: Muchas versiones, ningún detenido…
La libertad de César Jáuregui duró lo que tarda uno en cruzar la banqueta. Un juez estatal le negó a la Fiscalía del Estado la prisión preventiva. Minutos después, la FGR lo esperaba afuera con otra orden, un avión y una celda en el Altiplano. La escalera de la que hablé ayer funcionó exactamente un piso.
Lo curioso es el argumento que usó la FGE para pedir la cárcel: riesgo de fuga, por sus relaciones en el extranjero. Tenía razón en que alguien de este expediente iba a desaparecer, pero se equivocó de nombre. El que apagó el teléfono, el que no reparte volantes ni encabeza encuestas, es Guillermo Arturo Zuany Portillo, su exfiscal de Operaciones Estratégicas.
Para entender por qué importa Zuany hay que repasar el recetario de El Pinal, que a estas alturas tiene más versiones que ingredientes.
Primera versión. Abril: uno de los decomisos más grandes del país, sin más.
Segunda. Días después: la prensa estadounidense reveló que los extranjeros eran cuatro, que vestían uniformes de la Agencia Estatal de Investigación y que no era la primera vez.
Tercera. A fin de mes: eran visitantes discretos. La unidad especial del Estado informó que no portaban armas, vestían de civil y que todo apuntaba a una colaboración extraoficial.
Cuarta. Mayo: la misma unidad mostró la imagen de uno de ellos con un arma larga dentro de las oficinas de Zuany.
Quinta. Esta semana: el expediente federal dice que operaron armados, en despliegue táctico. Cinco versiones en seis meses. Y ni un solo detenido por el laboratorio, al menos que se sepa.
¿Quién cocinó la verdad que hoy tiene preso a Jáuregui? En los pasillos se cuenta que la vía fue la más sencilla: llamar a Zuany y ofrecerle una salida a cambio de soltar la sopa. Dicen que la soltó y que le agregó especias, chile y aderezos. Ese trato no está probado, y hay que decirlo así. Lo que sí consta es que el Ministerio Público llevó su testimonio a la audiencia y el juez no lo aceptó porque Zuany también es imputado. Además, lo acusan de falsedad ante autoridades. La pieza central del caso es la palabra de un hombre al que la propia Fiscalía acusa de mentir.
Esta mañana entró la presidenta a la cocina. Llamó a Jáuregui principal responsable, calificó el operativo de muy irresponsable y celebró que fuera la propia Fiscalía de Chihuahua la que pidió la primera orden. La presidenta da por hecho y prejuzga, algo que no le corresponde, pero que pesa por venir de quien viene. Sobre la gobernadora, dijo que, hasta donde ella sabe, no hay prueba en su contra. Y sobre el exfiscal soltó un adelanto: hay otros delitos que ella conoce, pero no debe mencionar.
Por primera vez en meses, Palacio Nacional y Palacio de Gobierno cuentan la misma historia: el culpable es el fiscal, y punto.
A la presidenta le sirve porque ya tiene un detenido para el caso CIA sin pelearse con Washington. A la gobernadora le sirve porque el atril federal acaba de darle la absolución que su militancia le negó en la banqueta.
Cuando dos adversarios coinciden tan rápido, conviene revisar qué dejaron fuera del plato. Y lo que dejaron fuera tiene nombre. En la versión de Palacio y en la de Chihuahua, Zuany no aparece. Encabezaba el área que, según la investigación, abrió las puertas a los agentes y no mereció una sola mención.
Algunas voces aseguran que trae una visa especial que le permite jugar y pasearse en los dos lados.
No hay manera de comprobarlo, pero explicaría el por qué al único que conoce la receta completa nadie parece tener prisa, ni interés, por encontrarlo.
Mi pronóstico: la traición a la patria difícilmente se sostendrá en juicio. Por eso no extraña que ya se anuncien “otros delitos”. Que nadie se sorprenda si mañana aparece el narcotráfico en el menú.
El jueves un juez decidirá si vincula a proceso a Jáuregui. Él estará en el Altiplano; la gobernadora, en Palacio; la presidenta, en la mañanera. Y el cocinero, el único que sabe cuánto chile le echó a la sopa, en algún lugar donde no llega la señal.
Dr. Fernando A Herrera. Periodista y politólogo, es Doctor en Administración por la UACH. Presidente del IEE Chihuahua (2006-2015); presidente de Instituciones Electorales de las entidades federativas en México (2014). Es autor de la trilogía “Secretos” filosofía para la vida cotidiana. Presidente y director general de chihuahuaexpres.com.mx
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