Lic. Héctor Ramón Molinar Apodaca.- El debate sobre la despenalización del aborto sigue vigente en la agenda legislativa de muchos países, incluido México. Se trata de un tema complejo que involucra aspectos jurídicos, médicos, éticos y sociales, donde las posturas a favor y en contra se enfrentan con intensidad. Sin embargo, lo que no debe perderse de vista es el derecho fundamental a la vida, el cual debe prevalecer sobre cualquier argumento que intente justificar la interrupción del embarazo.
Desde una perspectiva jurídica, el aborto implica la terminación de la vida de un ser humano en gestación, lo cual contradice el principio de protección a la vida consagrado en la Constitución y en diversos tratados internacionales. El Código Penal del Estado de Chihuahua define el aborto como la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo, dejando claro que se trata de un acto que atenta contra una vida en desarrollo. No se puede negar la existencia de un ser humano desde el momento mismo de la concepción, ya que la ciencia ha demostrado que el embrión cuenta con una carga genética única e irrepetible desde su formación.
Es preocupante que grupos feministas radicales busquen imponer la despenalización del aborto como si se tratara de un derecho humano, cuando en realidad se trata de la eliminación de una vida inocente. Estas organizaciones han promovido discursos que minimizan la humanidad del concebido y buscan justificar el aborto bajo el pretexto de la libertad y la autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo. Sin embargo, la vida del no nacido es un sujeto de derechos que debe ser protegido por el Estado.
Lo he dicho en muchas ocasiones y lo repito, en nuestra legislación, el artículo 30 constitucional reconoce la nacionalidad mexicana a los concebidos, lo que implica que el derecho a la vida está respaldado desde antes del nacimiento. Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que el menor requiere protección legal tanto antes como después de su nacimiento. Esto refuerza la idea de que el concebido no es una simple extensión del cuerpo de la madre, sino un individuo con derechos propios.
Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en el Amparo en Revisión 666/2023 que los artículos 143, 145 y 146 del Código Penal del Estado de Chihuahua son inconstitucionales, argumentando que penalizar el aborto vulnera los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes. Esta decisión es alarmante, pues deja de lado la protección de la vida del no nacido y prioriza una agenda ideológica sobre principios fundamentales de justicia y moralidad.
El fallo de la Corte sienta un precedente peligroso que desvirtúa el papel del Estado en la protección de los más indefensos. El derecho a la vida no puede estar sujeto a interpretaciones que busquen minimizar su importancia bajo el argumento de la autonomía personal. La justicia no puede basarse en perspectivas ideológicas que ignoren la dignidad del ser concebido y su derecho inalienable a nacer.
La solución a los problemas sociales y económicos que muchas mujeres enfrentan durante el embarazo no puede ser el asesinato de sus hijos. Es necesario que el Estado implemente políticas públicas que apoyen a las mujeres embarazadas en situación vulnerable, brindándoles alternativas que no impliquen acabar con la vida de un ser humano. Es fundamental promover la educación, la responsabilidad y la cultura de la vida para garantizar un futuro en el que tanto la madre como el hijo sean protegidos y valorados.
Legalizar el aborto no es sinónimo de progreso ni de justicia social. Es, por el contrario, una grave violación al derecho más fundamental de todos: el derecho a la vida. Es momento de reflexionar sobre las verdaderas implicaciones de esta práctica y de trabajar en soluciones que no impliquen la destrucción de una vida inocente.
Vale la pena analizar la reacción social que originó el hecho ocurrido recientemente en Tultitlán, Estado de México, en el que un joven de 18 años dejó abandonado en una bolsa de plástico a un niño recién nacido en un bote de basura y que, según las investigaciones, la madre de 22 años se lo entregó en el momento que nació. La sociedad está indignada y los medios han divulgado esta noticia por todo el mundo.
Este caso es similar a los crímenes diarios que se cometen contra criaturas que son abortados, pero como se considera legal por la máxima autoridad (SCJN) pasan inadvertidos. No es interrupción del embarazo, es un asesinato.
Finalmente, se trata de obligar a los médicos de los hospitales públicos a que practiquen el aborto a la mujer que lo pida, sin considerar su derecho humano “objeción de conciencia”, tema muy amplio que trataré después.
