QUITO- La Policía de Ecuador ejecutó la detención del exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, para cumplir la condena de ocho años de prisión a la que fue sentenciado como coautor dentro de una trama de sobornos.
Mera, funcionario en la administración pasada y quien se encontraba con arresto domiciliario en la ciudad de Guayaquil (suroeste) desde el 6 de julio de 2019, fue arrestado en cumplimiento a una boleta de encarcelamiento emitida por la justicia local.
En medio de un estricto operativo policial, Mera fue llevado a la Policía Judicial para una valoración médica antes de ser trasladado a la cárcel de la ciudad de Latacunga (centro).
Inicialmente, el exsecretario estuvo en la Cárcel 4 de Quito, antes que se le modificara la medida cautelar.
El pasado miércoles, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ordenó la localización y captura de Mera y de otros exaltos funcionarios y varios empresarios también envueltos en la trama de corrupción.
El Tribunal argumentó que el proceso se encuentra “ejecutoriado” (en firme) por lo que proceden las detenciones.
En este caso conocido como “Sobornos 2012-2016”, el principal condenado a la misma pena por cohecho es el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), quien además perdió sus derechos políticos.
Correa, quien reside en Bélgica desde que dejó el poder, niega las acusaciones y tilda de una “farsa” el proceso.
El caso investigó una estructura de corrupción en la que se entregaron millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas, la brasileña Odebrecht, a cambio de “aportes indebidos” para financiar las campañas políticas del movimiento oficialista Alianza País, liderado en ese entonces por Correa.
Además del exmandatario, la orden de localización y captura pesa contra su ex vicepresidente Jorge Glas, quien está preso desde finales de 2017 por otro caso de corrupción.
Para Correa y Glas, el tribunal envió una orden al Ministerio de Economía para que se elimine la pensión vitalicia que recibían en calidad de ex mandatario.
Otros ex funcionarios del gobierno de Correa condenados en este caso son los ex ministros de Turismo, Vinicio Alvarado, y de Desarrollo Urbano y Vivienda, María de los Ángeles Duarte, quien se encuentra refugiada desde mediados de agosto pasado en la embajada de Argentina en Quito.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo hoy a los periodistas que tan pronto la Policía localice a los sentenciados se harán las gestiones para su detención y extradición, de ser el caso, mediante una notificación de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
“Pero por supuesto que cumpliremos con nuestra tarea de ejecutar la sentencia”, dijo.
La justicia ordenó además el pago de una “reparación integral” al Estado por 14,7 millones de dólares y disculpas públicas.
Xinhua
