Dr. Fernando A. Herrera M.- Ayer escribí que el enemigo estaba adentro. Me quedé corto. El enemigo también está en el Código y tiene sello oficial.
César Jáuregui se presentó en junio como testigo. Acudió a cada citatorio, durmió en el mismo domicilio, salió en fotos, dio entrevistas y hasta se apuntó para la alcaldía. Es la fuga más publicitada de la historia de Chihuahua: un prófugo que reparte volantes.
Aun así, el sábado le cayeron dos órdenes de aprehensión en el mismo día. En la mañana, la estatal, por ejercicio ilegal del servicio público y coalición. En la noche, la federal, por traición a la patria. Desayuno y cena. A nadie se le ocurrió algo tan anticuado como un citatorio.
No vengo a declararlo inocente; para eso están los jueces, cuando los dejan trabajar. Vengo porque la pregunta que gritaban sus simpatizantes afuera de Ciudad Judicial es la misma que se hacen casi cien mil familias en este país. Solo que ellas no tienen pancarta, ni senador, ni exmagistrado que les lleve el caso.
Una Constitución de buenos deseos
El artículo 20 dice que toda persona imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en sentencia. Es un texto precioso. Deberían enmarcarlo y colgarlo en cada penal, para que los internos tengan algo bonito que leer durante los años de espera.
De ahí sale la regla: la prisión preventiva es la excepción. El propio Código Nacional ofrece una escalera elegante: primero citatorio, luego comparecencia, y solo al final aprehensión, si lo demás no basta. En México la escalera existe, pero todos toman el elevador directo al sótano.
Para los casos en que pensar resulta demasiado esfuerzo, el artículo 19 inventó la prisión preventiva oficiosa. Funciona como menú de restaurante: Si tu delito está en la carta, te sirven celda sin que el juez tenga que preguntar nada. Y la carta no deja de crecer. La última ampliación llegó después de que la Corte Interamericana ordenó lo contrario. Obediencia creativa, le dicen.
La Constitución, eso sí, puso un candado: la prisión preventiva nunca podrá exceder de dos años, salvo que la alargue la propia defensa. Y si se cumple el plazo sin sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato para seguir su proceso. No dice “podrá”. No dice “cuando haya tiempo”. Dice “será”. Es el único “de inmediato” de la Constitución que puede tardar más de una década.
Inocentes en lista de espera
Los números no vienen de ninguna ONG sospechosa de neoliberalismo, vienen del INEGI, que hasta donde sé sigue siendo del gobierno. Al cierre de 2025 había 231 mil 436 personas en prisión; un 42.2% de ellos, 97 mil 722 no tenían sentencia. En las cárceles estatales, 43.6%. Más de la mitad corresponden a mujeres.
Y vamos mejorando si por mejorar se entiende crecer. Los presos sin sentencia aumentaron 14 por ciento en un año. La mitad está en prisión oficiosa, es decir, encerrada sin que un juez tuviera que molestarse en explicar por qué.
Ahora, el candado de los dos años. En el fuero federal, la Defensoría Pública reportó unas 12 mil 800 personas presas sin sentencia, 2 mil 426 con más de diez años; mil 404 entre cinco y diez; mil 518 entre dos y cinco. Más de 5 mil 300 en total.
Y de todo ello, cuatro de cada diez presos federales sin sentencia ya rebasaron el plazo que la Constitución declara improrrogable. En las cárceles estatales, según el INEGI, es uno de cada cinco. Ahí somos más respetuosos de la ley: solo la violamos la mitad de veces.
¿Cuántos de esos casos se alargaron por culpa de la propia defensa, la única excepción válida? Nadie lo sabe, porque nadie lo mide. Cuando un Estado no cuenta algo, casi siempre es porque prefiere no enterarse.
El caso que llevó a México ante la Corte Interamericana, García Rodríguez y Reyes Alpízar, es de dos hombres que pasaron más de 17 años presos sin sentencia. La Corte lo llamó por su nombre: una pena sin condena. Aquí le decimos “proceso en curso”.
No es que nadie nos haya avisado. En 2022 y 2023, la Corte Interamericana condenó a México en los casos Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez y le ordenó adecuar la prisión oficiosa a la Convención Americana. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU visitó el país en 2023 y concluyó que la detención arbitraria es práctica generalizada.
La respuesta fue ampliar el catálogo. Es como si el médico te dice que dejes la sal y sales a comprar un costal. Cooperación con los organismos internacionales, nos dicen, de lengua, otra vez.
El espejo de La Cantera
El caso Jáuregui exhibe las dos caras de la moneda… y ninguna sale bien acuñada. En el fuero estatal, los delitos que le imputan no están en el menú de la prisión automática. Para detenerlo, la Fiscalía tuvo que convencer a un juez de que había riesgo. ¿Riesgo de qué? ¿De que ganara la interna? Porque riesgo de fuga, lo que se dice fuga, es difícil sostenerlo contra un señor que encabeza encuestas y despacha a la vista de todos. Esa respuesta tendrá que darla el Ministerio Público en audiencia y la defensa ya avisó que la va a exigir.
En el fuero federal, ni siquiera hace falta la pregunta. La traición a la patria es delito contra la seguridad de la nación y para esos la Constitución receta celda automática. Que se haya presentado a declarar, que tenga domicilio, que su conducta procesal sea de manual: todo eso es irrelevante. El catálogo ya decidió. El juez solo firma de enterado.
Eso es exactamente lo que la Corte Interamericana y la ONU llevan años señalando: una medida que no distingue entre quien se esconde y quien da la cara. Esta vez le tocó a un exfiscal con abogados de renombre y una multitud en la banqueta. A los demás les toca sin cámaras. Seis de cada diez presos dependen de un defensor público, que suele tener tantos expedientes como El Pinal tiene versiones.
Y hay una ironía que sería deshonesto omitir: Jáuregui fue fiscal general. La institución que encabezó también pidió órdenes de aprehensión y medidas cautelares. Desde ese escritorio, el sistema se veía bastante razonable. Hoy prueba la misma medicina. Eso no la vuelve justa. Solo la vuelve conocida.
La vara
Los panistas que el sábado gritaban “¡Maru traidora!” afuera de Ciudad Judicial, tienen razón en algo: nadie debería ir a la cárcel por conveniencia electoral. Sería conmovedor que esa indignación sobreviviera al día en que liberen a su candidato. Si no, no era defensa de un principio. Era defensa de un compadre.
Lo mismo vale para el gobierno estatal, que hace cinco años descubrió la persecución política cuando le tocó padecerla y hoy la encuentra perfectamente razonable cuando le toca ejercerla. Y para la Federación, que presume derechos humanos en Ginebra y San José, mientras rompe récords de presos sin sentencia en casa. Nadie en este país está en contra de la prisión preventiva. Solo en contra de la suya.
La presunción de inocencia no es una membresía que se gana con un cargo, ni un privilegio que se pierde por ser incómodo. O vale para los casi cien mil que esperan sentencia o no vale para nadie. Y si no vale para nadie, hagamos la reforma honesta: cambiemos el artículo 20 por “toda persona se presume culpable hasta nuevo aviso”. Al menos dejaríamos de mentir en papel membretado.
A Jáuregui lo detuvieron con todas las cámaras encima. A los otros 97 mil nadie los grabó… Tampoco nadie los ha ido a ver.
El enemigo está adentro
Durante años, el panismo chihuahuense tuvo un enemigo con nombre y apellido: Javier Corral. Contra él se cerraron filas, se armaron defensas y se ganó una gubernatura. Era cómodo tener un villano tan claro. El problema de los villanos claros es que distraen. Mientras todos miraban hacia afuera, nadie revisaba en casa.
Hay algo que en Chihuahua se sabe: César Jáuregui no es un colaborador más que se salió del guion; es el padrino político de Maru Campos, el que guió su carrera desde sus primeros cargos y el sensei de buena parte del panismo del estado.
En 2021, cuando ella acusaba a Corral de fabricarle delitos, quien salió con audios a defenderla fue él. Entonces la persecución era un crimen y Jáuregui, su escudo.
Cinco años después, el escudo amaneció esposado en la avenida La Cantera; detenido por la Policía Estatal con una orden solicitada por la Fiscalía del Estado. El maestro detenido por el gobierno de la alumna. Ni Corral, en sus peores días, se atrevió a tanto.
Lo dijo el exmagistrado Luis Villegas, hoy abogado del exfiscal: la gobernadora salió peor que Corral, veinte veces peor. Afuera de la Ciudad Judicial, el coro fue menos diplomático: “¡Maru traidora!” Una pancarta lo resumió todo: “Se detiene al narco, no a quien lo combate”.
Y no lo gritaban cuatro despistados. Ahí estaban Juan Blanco, exalcalde de la capital; Guillermo Luján Peña, expresidente estatal del partido, y el senador Mario Vázquez, entre otros.
El panismo de largo aliento, el que conoció al partido en la oposición y no en la nómina. Blanco habló de un pleito del PAN contra el PAN y remató: “Estamos luchando en contra de una imposición”. Cuando los fundadores te gritan desde la banqueta, el problema ya no es de comunicación.
La gobernadora tiene su versión. Días antes de la detención dijo que Jáuregui y otros actuaron “por la libre”, que eso no se podía perdonar y que el episodio era una caja de Pandora que le reveló cosas que desconocía. Es decir, ella también cree que el enemigo estaba adentro.
Aquí coinciden todos, la diferencia es la oficina. Ella señala a la Fiscalía y los suyos señalan una puerta concreta de Palacio: la de la Secretaría General de Gobierno.
Ahí despacha Santiago De la Peña, el otro puntero de la interna panista por la alcaldía y, según se comenta dentro del propio PAN, la carta de Palacio. Es el mismo al que la gobernadora le levantó la mano, primero en agosto, en un acto donde después todos la levantaron, por si alguien se ponía suspicaz.
Cuando Juan Blanco habla del “equipo contrario” y de una imposición, no hace falta un GPS. La ironía tiene capas. De la Peña y Jáuregui llevan años pasándose los cargos de mano en mano. Él mismo contó que le entregó la secretaría del Ayuntamiento a Jáuregui y luego Jáuregui se la devolvió. Lo mismo ocurrió con la Secretaría General de Gobierno, que heredó cuando su amigo se fue a la Fiscalía.
Hace apenas dos semanas declaró que buscaría el apoyo de todos, incluso el de Jáuregui, con quien presume una buena amistad. Ya no tendrá que buscarlo. Ahora sabe exactamente dónde está.
Nadie ha probado hasta ahora que el secretario haya movido una sola pieza en este expediente, y hay que decirlo así. Pero en política no solo se juzga lo que se hace, también a quién beneficia. Y si la detención tenía como propósito despejar un camino, el saldo hasta ahora es otro: el amigo detenido junta multitudes y el beneficiario aparente carga con la sospecha.
Hay un detalle más que en Palacio no deberían pasar por alto: En abril, cuando ocurrió lo de El Pinal, el secretario General de Gobierno ya era él. Si la cascada federal sube, como advertí ayer, la pregunta no será quién ganó la interna, sino quién estaba a cargo.
El “por la libre” tiene además un problema que nadie en el gobierno ha medido. Si el fiscal general operó con agentes extranjeros sin que la gobernadora lo supiera, ella se presenta como víctima, pero también admite que no controlaba al funcionario más delicado de su gabinete. O se sabía o no se controlaba. Elija usted la opción menos incómoda. Yo no encuentro ninguna.
Si alguien creyó que la detención sacaría a Jáuregui de la jugada, se llevó un chasco. A principios de mes, Rubrum lo ponía al frente de la interna panista por la alcaldía y Vernier lo colocaba arriba en los cinco distritos de la capital. Desde el sábado tiene, además, lo que ninguna encuesta mide y cualquier político envidia: el papel de víctima.
Querían quitarle la candidatura y le regalaron la causa. No es exagerado decir que hoy el padrino tiene más respaldo entre las bases que la ahijada. Y mientras el PAN se desangra en casa, la federación cobra.
La fiscal Ernestina Godoy dejó claro que la FGR atraerá el caso y lo convertirá en traición a la patria. El gobierno estatal quería encabezar el expediente y terminará arrastrado por él.
Hay que reconocerle a la FGR su diligencia: según reportes, en Chihuahua ha citado a más de 50 funcionarios, una celeridad que no se le ha visto en otros expedientes, como el de Sinaloa.
¿Será que la patria se traiciona más en unos estados que en otros? Porque de colaborar con Washington, se colabora. Cuando cayó el canadiense Ryan Wedding, el director del FBI habló de una operación conjunta y agradeció a policías y militares mexicanos por trabajar codo a codo con sus equipos en el terreno.
Palacio Nacional respondió que no hay operaciones conjuntas y que Wedding se entregó voluntariamente en la embajada. Conmovedor: un fugitivo con recompensa de 15 millones de dólares, escondido una década en México, decide un jueves por la noche tocar la puerta.
Cooperación sin subordinación, nos dicen. De lengua. Con Washington no se pueden desquitar el coraje. Con Chihuahua, sí.
Por eso Jáuregui dice que volvería a hacer lo mismo. No presume una ocurrencia, describe una práctica. Sus pecados no fueron cooperar, fue no pedirle permiso a quien coopera y que en El Pinal, al regreso hubo un accidente con varios muertos, entre ellos dos agentes estadounidenses.
Así queda el tablero: la federación cobra afuera, la militancia cobra adentro, la gobernadora queda en medio con un padrino preso y el secretario que iba a heredar la candidatura hereda, por ahora, la sospecha.
A Corral no le alcanzó un sexenio para tumbarla… A ella le bastó una mañana para tumbar a su padrino.
Dr. Fernando A Herrera. Periodista y politólogo, es Doctor en Administración por la UACH. Presidente del IEE Chihuahua (2006-2015); presidente de Instituciones Electorales de las entidades federativas en México (2014). Es autor de la trilogía “Secretos” filosofía para la vida cotidiana. Presidente y director general de chihuahuaexpres.com.mx
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