Dr. Fernando Antonio Herrera Martínez.- Uno supone que hay un principio fundamental en los derechos humanos de las personas en todo el mundo: nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero pareciera que en nuestro país, se piensa diferente y todos somos culpables hasta que uno mismo demuestre lo contrario.
El resultado es que en las cárceles de nuestro país, hay un porcentaje de casi 80% de presos sin juicio concluido. Por supuesto, tampoco sentencia, y han perdido y siguen perdiendo su vida en la cárcel sin justicia. Incluso hay detenidos sin juicio, ni hablar de sentencia. Están encerrados por el poder del Estado. Sean narcos, políticos o ciudadanos, incluso indígenas.
El presidente dijo ayer, en la mañanera, que no se deben hacer juicios sumarios y la pregunta que surge es: ¿Acaso la cárcel de oficiosa o preventiva no lo son? Lo son porque cuestan tiempo, vida y traumas en el detenido y su familia. Claro que de resultar culpables, el Estado le atina, pero si resultan inocentes, ¿cómo le regresa su vida, la estabilidad emocional y la de la familia? El Estado solo puede compensar con dinero, pero no más, y todavía hay que demandar y vencerlo en Juicio.
Otro principio popular, no escrito, pero escrito por eruditos y sostenido por la sociedad: “vale más 10 culpables libres que un inocente preso”.
Entonces no entiendo la controversia. Si la Corte quita la prisión oficiosa y/o preventiva, el Estado deberá demostrar la culpabilidad de la persona acusada, pero no se vale que antes de demostrar que la acusación sea cierta, ya esté en la cárcel. Lo anterior viola el derecho fundamental humano de ser inocente hasta ser vencido en juicio.
Por ejemplo, en Chihuahua, un gran amigo mío pasó cuatro años en la cárcel y ahora cuenta con un amparo que dice que ni debió ser sujeto a proceso. ¿Y los años en la cárcel? ¿Los traumas? ¿La familia perseguida, amenazada y asustada? Su familia destruida y traumatizada…
Encima, se ensañaron con la tortura y extorsión. Funcionarios sin escrúpulos, encabezados por el propio exgobernador Corral, que vendían la acción de la justicia y se ayudaron de traidores y sapos desalmados, que por salvarse, fueron capaces de firmar denuncias escritas por otros, falsas, por supuesto, pero su pellejo era primero.
¿Que no sería más justo, lo que puede aprobar la Corte, que una persona esté libre o con tobillera o en su casa o ciudad por cárcel mientras pasa el proceso? Y cuando le demuestren que es culpable y solo así entre a la cárcel y no al revés.
Hoy, cuando se ha demostrado en Chihuahua que se equivocaron y torcieron la ley para meter presos por venganzas, y eso sale a la luz, ¿que no corresponde a la misma justicia, recién renovada, en principio, actuar de inmediato, para someter a juicio a los autores de los abusos de poder y a la víctima resarcirle sus bienes, regresar el dinero de las extorsiones y reparar en lo posible los daños causados?
¡Claro que no! La nueva autoridad, por el contrario, pretende ignorar lo que pasó y en su mente (especulación mía) piensan que (las víctimas) son culpables y que solo equivocaron el debido proceso, y continúan castigándolos aunque sobradamente les han demostrado su inocencia y les ha ganado todos los amparos y demostrado por todos los medios los abusos. Y aun así dicen o piden: paciencia. La indolencia y la falta de empatía por la nueva autoridad son inexplicables.
Ojalá la Corte deje en el criterio de jueces los casos que sí ameritan la cárcel de oficio, o descritos de manera clara y específica para evitar más abusos como los cometidos por Javier Corral, que les llamamos abusos aquí pero que son delitos donde sea y como se les vea. La Justicia es lenta y hasta puede ser omisa, pero no habrá manera de detenerla… ¡Al tiempo!
