Daniel Valles.- El nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor el 1 de julio de 2020, sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994. Sin duda que es un acontecimiento importante en la historia comercial y política de las naciones que lo componen.
El cambio estructural del mismo obedece a la cuasi imposición del presidente Donald Trump al considerar que en el anterior, su país estaba en desventaja ante los otros dos países que lo conforman. De ese modo, desde el inicio de su mandato hizo negociaciones para cambiar el TLCAN, el que ya ha entrado en funcionamiento.
Este tratado en la opinión del Mr, Trump, es más equitativo e impondrá a México un reto importante: el de cumplir las reglas pactadas y el Estado de Derecho.
En otras palabras, que lo que dice en las páginas del mismo se cumpla a cabalidad y no salgan con que ahora hay nuevas reglas porque en México, el gobierno ya no es neoliberal y primero los pobres y al crimen organizado lo combatimos con abrazos y no balazos.
Pero sobre todo, porque en verdad se combata la corrupción de todos y en todos, no solo en los enemigos del gobierno, sino en todos por igual. En el combate a la corrupción y la afirmación del Estado de Derecho, está el talón de Aquiles para México.
No es que en Canadá y EU no haya corrupción. La hay. En el Índice de Percepción de la Corrupción, Canadá tiene 77 puntos buenos de 100 posibles y ocupa el lugar 12, e entre 198 naciones.
Por su parte, EU tiene 69 puntos buenos de 100 posibles y ocupa el lugar 23 de 198 naciones. México, para vergüenza nuestra, solo tenemos 29 puntos buenos de 100 posibles y ocupamos el lugar 130, de entre 198 naciones. Así de abrumadora y vergonzante es la diferencia.
La corrupción y el cumplimiento del Estado de Derecho, son el talón de Aquiles de México en el T-MEC, pero también en todo lo que hacemos.
La corrupción es como el Covid-19, está por donde andamos diseminada y nos afecta a todos por igual. Nos contamina. Algunos nos protegemos, otras personas no. Le “entran” a la corrupción como si no fuera dañina, pero lo es. Esta semana tenemos dos casos de personas que se creyeron inmunes.
El exdirector de Pemex durante el sexenio pasado, señor Emilio Lozoya, que será extraditado a México en breve para colaborar con la Fiscalía General de la República para esclarecer actos de corrupción, de sobornos o “mordidas” de la constructora brasileña Odebrech y la compra de una planta chatarra a Altos Hornos de México.
El otro sería el señor Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por sus siglas, que se encuentra prófugo, presunto responsable de tortura a detenidos para integrar investigación en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El hecho de que estos señores uno sea traído a México y el otro sea buscado por varios países para averiguarlo y en su caso juzgarle, no quiere decir que se cumpla con el Estado de Derecho.
El que exige que todos los ciudadanos de un país sean tratados de igual manera, bajo códigos y reglamentos del Estado de Derecho, que es nombre con el que se conoce al conjunto de medidas y códigos que tienen como objetivo principal el que exista orden social y jurídico.
Es decir, que regule la corrupción humana, la que de acuerdo al Índice de Transparencia Internacional, México está muy atrasado en comparación a sus contrapartes en el T-MEC.
Los tres países que han firmado el tratado se han comprometido a cumplir con obligaciones para ejercer el libre comercio y el Estado de Derecho. Y no basta con decirlo, hay que demostrarlo con el combate a la corrupción.
Sin embargo, en la realidad y lejos de los discursos de todos, pero sobre todo del gobierno mexicano, esto se ve difícil de que se logre. Y sobre todo que sea cierto.
El presidente López Obrador ha mostrado en estos 18 meses al frente de la administración, tener un rechazo enfermizo por todo programa y acuerdo que no tenga el sello de la 4T, concepto autoimpuesto a su administración y que por lo pronto es la manera populachera de referirnos a su gestión, la que ha desmantelado todo lo que puede y cuya génesis provenga de las administraciones anteriores.
“No quedará ni una jota, ni una tilde”, dijo uno de sus operadores, el “ilustre” diputado, Mario Delgado, quien coordina la bancada de Morena en la Cámara respectiva.
Es por ello que Dante Preisser Rentería, exservidor público que formó parte del equipo negociador del capítulo Anticorrupción del nuevo acuerdo comercial trilateral señala en su artículo titulado Corrupción, el Talón de Aquiles del T-MEC, que:
“El rechazo público del presidente Andrés Manuel López Obrador al Sistema Nacional Anticorrupción aunado al abandono de las instancias que lo conforman para la consecución de sus atribuciones, pone en entredicho si este entramado normativo e institucional tendrá la capacidad de ordenar la conversación en torno a los compromisos anticorrupción asumidos internacionalmente”.
Dante Preisser Rentería está señalando algo que para todos nosotros ha sido obvio en estos 18 meses de la 4T: Que de transformación y combate a la corrupción nada se ha transformado, pues el criterio sigue siendo el mismo que siempre para los asuntos de siempre.
“A los amigos, justicia y gracia, a los enemigos, la ley a secas”, concepto muy “benitojuarense”, muy liberal. Entonces, como dijo Raphael, el cantante: “¿qué pasará, qué misterio habrá? Lo veremos.
