El pasado martes 7 de septiembre del 2021, la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) declaró inconstitucional criminalizar a las mujeres y personas gestantes por abortar durante las primeras 12 semanas de embarazo. La despenalización es una reminiscencia de los hechos ocurridos en Argentina a finales del 2020, cuando se legalizó el aborto tras años de lucha. Las medidas podrían ayudar a las mujeres más vulnerables a conseguir atención adecuada y segura en Latinoamérica, ya que estarían atendiendo necesidades de salud pública y derechos humanos.
Conforme a información proporcionada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la mortalidad materna está entre las primeras tres causas de muerte de adolescentes entre 15 y 19 años. Se especula que los abortos inseguros de las jóvenes latinoamericanas en ese rango de edad son 670 mil anuales, siendo el 18% de todos los embarazos correspondientes a menores de 20 años. Las cifras demuestran cómo la criminalización del aborto no solo afecta las posibilidades de desarrollarse adecuadamente conforme a su edad pero también cómo las vidas de las jóvenes están en riesgo.
En adolescentes menores a 15 años, el riesgo de morir a causa de complicaciones generadas por el embarazo es tres veces mayor que en mujeres mayores de 20 años, asegura la UNFPA. Según datos del Instituto Nacional de Mujeres, la tasa de fecundidad de las adolescente en México es de 77 embarazos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años. Estas cifras son mayores en Coahuila (94.3) y en Durango (95.2), haciéndolos los estados con más embarazos adolescentes en todo el país. El artículo 196 de la ley penal de Coahuila, el cual impone una sentencia de 1 – 3 años de cárcel a quien aborte fue declarado inconstitucional por ministros del pleno de la SCJN. Se volvió un criterio obligatorio para cualquier juez de México, ya fuera local o federal, aunque no supone una aplicación inmediata en todo el país. La modificación del código penal de este estado brinda la esperanza de que más mujeres y jóvenes tengan la oportunidad de decidir de forma libre, digna y segura.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, aseguró que la implementación de nuevas políticas conforme a la interrupción legal del embarazo es un mensaje para todo el continente. “Sí podemos cambiar el rumbo contra la despenalización del aborto y los abortos clandestinos, que provocan graves riesgos a la salud y la vida de millones de personas”, afirmó. Las decisiones históricas por las mujeres y personas gestantes llevadas a cabo en países como Argentina y México podrían marcar un precedente para futuros cambios en las leyes de otros países en Latinoamérica.
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