Senador Rafael Espino.- El Estado Mexicano no ha logrado saldar la deuda histórica con los ciudadanos para contar con sistemas de procuración de justicia objetivos e imparciales, que garanticen el pleno goce de los derechos consagrados en nuestra Constitución Política.
La Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 (ENCUCI) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), revela que la seguridad, la pobreza y la corrupción son los principales problemas de nuestro país..- La cifra negra de delitos del INEGI reportó en 2020 como un 93.3% de los delitos cometidos como no denunciados o sin carpeta de investigación.
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de Transparencia Internacional, México mantuvo una calificación de 31 sobre 100 puntos, situándonos en el vergonzoso lugar 124 de 180 países analizados.
Con base en el Índice Global de Impunidad 2020 de la Universidad de las Américas de Puebla, ocupábamos el lugar 60 de 69 naciones revisadas, con 49.6 puntos.
Federal o localmente, la procuración de justicia está distante de atender las necesidades de la población. Se mantiene como selectiva, favoreciendo a los de mayor capacidad económica; se utiliza como arma de persecución política, alejada de los criterios de objetividad e imparcialidad que debieren prevalecer en su implementación.
En el 2014 se creó la Fiscalía General de la República como Órgano Constitucional Autónomo, modificando para tales efectos el artículo 102 constitucional. Su Ley Orgánica se promulgó en diciembre de 2018 y su primer titular fue nombrado en enero de 2019.
La experiencia de estos años nos muestra que no basta para una real independencia, el carácter de Órgano Constitucional Autónomo. Se requiere la facultad de autodeterminar su organización y recursos financieros suficientes que garanticen su funcionalidad.
También, de conformidad con el Informe de Estándares Internacionales sobre la Autonomía de los Fiscales y las Fiscalías, del Centro de Estudios de Justicia para las Américas, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y de la Fundación para el Debido Proceso, se estima como necesario:
● Fijar procesos de selección competitiva para el nombramiento de sus titulares, con la coparticipación del Poder Legislativo y siempre privilegiando el servicio profesional de carrera; con particular énfasis en la calidad moral de los mandos a nombrar;
● Definir una duración del cargo distinta al mandato de los órganos políticos;
● Prever mecanismos rígidos de remoción de sus titulares;
● Establecer en la propia estructura, métodos de control y dispersión de poder, como la creación de fiscalías especializadas;
● Instituir reglas claras para los ascensos y promociones, que privilegien el mérito en el trabajo, otorgando también seguridad física y estabilidad laboral.
Tenemos múltiples retos pendientes, como privilegiar nombramientos técnicos sobre políticos y profesionalizar al capital humano (ministerios públicos, policía investigadora, peritos y personal administrativo).
Finalmente debemos resaltar que la tan deseada autonomía no debe ser pretexto para no informar o dejar de rendir cuentas.
Los Órganos Constitucionales Autónomos, federales o locales, deben manejarse austeramente y sujetarse a mecanismos de control con el Poder Legislativo.
Sólo la revisión continua de los indicadores de gestión de estos organismos de procuración de justicia, nos permitirá abatir los índices de impunidad y fortalecer nuestro estado de derecho.
