Senador Rafael Espino.- El pasado miércoles 11 de octubre se aprobó en el Senado de la República, en sesión conjunta de las Comisiones de Defensa de los Contribuyentes y de Estudios Legislativos Segunda, una reforma al artículo 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que permitirá el autofinanciamiento de vehículos usados mediante el esquema de “tandas” o como lo define el citado dispositivo, grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas de dinero para ser administradas por un tercero y con el propósito de adquirir bienes muebles determinados o inmuebles.
Esta reforma permitirá a los consumidores, a través de estos esquemas, comprar muebles usados y no sólo nuevos, como actualmente lo dispone el citado artículo. Adicionalmente, la reforma elimina el plazo máximo de cinco años que se tenía en estos esquemas de comercialización, sin que actualmente se disponga para estos efectos de limitación temporal alguna.
Con estas modificaciones legales se pretende detonar el mercado de autos usados en México, proporcionándole al comprador una posibilidad de financiamiento que antes, con la idea de proteger a los consumidores, estaba exclusivamente reservada para el mercado de autos nuevos.
La reforma promoverá significativamente el mercado automotor en el país, al facilitarle a los consumidores con bajos ingresos el poder adquirir formalmente vehículos usados de bajo costo. Y al decir formalmente, nos referimos a unidades registradas por cuya enajenación se pagarán las contribuciones que legalmente correspondan, dejando registro de un historial crediticio determinado en favor del comprador.
De 2018 a 2022, se registraron en México aproximadamente 30 mil contratos de este tipo de esquemas de financiamiento.
Por otra parte, del total de la venta de vehículos en México, 25% correspondió a autos usados, cifra que con esta modificación legal se estima pueda elevarse hasta en un 40%. Esto representa un potencial de aumento para el primer año, de entre 15 y 20 mil autofinanciamientos de unidades seminuevas.
El potencial podría ser mayor, si consideramos que es un segmento de mercado previamente no atendido, brindando la posibilidad de hacerse de un vehículo a personas que normalmente no son consideradas como sujetas de crédito comercial o bancario.
El facilitar esquemas para la adquisición de vehículos a la población de menores ingresos tiene un efecto que promueve la movilidad social, contribuye a que abatamos los índices de desigualdad y, en general, mejora muy significativamente la vida de las personas, al facilitarles su potencial de desplazamiento. Como dice el refrán: “Los viajes ilustran”.
Adicionalmente, el autofinanciamiento de vehículos usados traerá beneficios económicos importantes, como el crear nuevos empleos directos e indirectos en las agencias automotrices y en las empresas administradoras de las tandas, colaborar mediante el registro de la unidad adquirida en el mejoramiento de la seguridad pública y mejorar la edad del parque vehicular en el país que actualmente promedia 15 años, cerrando la importante brecha que en este campo tenemos con nuestros principales socios comerciales.
Finalmente, la posibilidad de ampliar a más de 5 años el plazo de los esquemas de autofinanciamiento, permitirá a las empresas que promueven estos mecanismos, el formular planes con mensualidades más bajas y accesibles para todos los consumidores.
Según cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA), en este año, el mercado total de vehículos usados en el país será de 5.5 millones de unidades anuales, de los cuales sólo alrededor de 250,000 o el 5% serán atendidos por un concesionario. De ahí la impostergable tarea de completar el ciclo legislativo para esta tan importante reforma ya descrita.