El Senado de la República aprobó con 98 votos a favor la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. El principal objetivo de esta normativa es garantizar una alimentación adecuada para las personas más vulnerables de la sociedad, con especial atención en los niños. La ley fue una de las iniciativas clave impulsada por Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.
Una de las novedades de esta legislación es la creación del SINSAMAC, un órgano intersecretarial que servirá como enlace entre los tres niveles de gobierno. Este sistema permitirá coordinar y supervisar las medidas que se adopten en torno a la alimentación adecuada y sostenible en el país.
La nueva ley también busca fomentar la participación de todas aquellas instituciones que busquen contribuir a “un sistema agroalimentario saludable, justo, sostenible y competitivo”. En este sentido, la normativa establece medidas específicas para que los particulares no priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, celebró la aprobación de la ley a través de sus redes sociales. “México está cada vez más cerca de contar con una ley que garantice la soberanía alimentaria, como lo mandata la Constitución”, afirmó.
Aunque López-Gatell fue uno de los principales impulsores, la iniciativa fue realizada por la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, quien forma parte de la bancada de MORENA. La ley busca cumplir con el artículo 4 de la Constitución, que garantiza una alimentación adecuada y el acceso a los alimentos.
Entre los grupos de atención prioritaria de esta ley se encuentran niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas adultas mayores, personas refugiadas, personas desplazadas de manera interna y personas con discapacidad. La ley prohíbe explícitamente que se les niegue el acceso a alimentos por motivos de discriminación o por su origen étnico o nacional.
Otro aspecto clave de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible es que busca garantizar que las personas, especialmente los pequeños y medianos productores agrícolas, tengan acceso a agua potable, estableciendo que es responsabilidad del Estado velar por este recurso esencial.
