Rafael Espino.- El IFT fue un organismo autónomo en México encargado de regular y supervisar las telecomunicaciones y la radiodifusión en el país. Sustituyó en el 2013 a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para precisamente, como organismo constitucional autónomo (OCA), cumplir con independencia técnica y política sus funciones de otorgar y supervisar concesiones para medios de comunicación, promover el desarrollo del sector y proteger los derechos de las audiencias y de los usuarios.
El pasado 17 de octubre dejó de existir, como resultado de la reforma constitucional mediante la que se extinguieron varios OCA’s, con el argumento de reducir gastos y centralizar sus funciones en el gobierno federal, a través de una nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), a la que, aunque presuntamente le mantienen cierto grado de autonomía como organismo desconcentrado, actuará con cinco nuevos comisionados designados por el Ejecutivo federal.
En efecto, por el poder de nombramiento directo para el Ejecutivo federal de los comisionados de la CRT, así como por la reducción de sus atribuciones, esta ya es considerada desde su génesis por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), como un regulador de tercera generación que, dada la pérdida de autonomía, difícilmente podrá tutelar eficientemente los derechos constitucionales de las audiencias y de los usuarios del espectro radioeléctrico.
Esta nueva estructura del organismo regulador de las telecomunicaciones en México, también potencialmente podrá causar problemas a nuestro país en la próxima renegociación del T-MEC con Estados Unidos y Canadá, por constituir una alteración al ambiente de inversión, que violenta la equidad en el ecosistema de negocios bajo el que se realizaron inversiones en el pasado.
Es importante mencionar que antes de desaparecer, el IFT había sido ya considerado como un regulador de quinta generación conforme a la clasificación de la UIT, que representa el grado máximo en la escala de colaboración internacional.
Pero probablemente uno de los mayores daños que puede representar la extinción del IFT venga del lado recaudatorio. Como estaba conformado, logró generar solo durante los siete años de los gobiernos morenistas, una recaudación nada despreciable de 7,491.31 millones de dólares por su trabajo regulatorio.
En sus doce años de existencia su presupuesto acumulado fue equivalente a 1,106.1 millones de dólares, a los tipos de cambio vigentes, habiendo recaudado en el mismo período 12,132.84 millones de dólares; esto es, que por cada dólar que recibió de presupuesto, regresó 11 dólares al erario.
También debe resaltarse que durante los doce años que funcionó, bajaron los precios de los servicios móviles a la mitad, se duplicaron las conexiones de internet en los hogares mexicanos y se amplió la pluralidad en la radio y la televisión con licitaciones de espectro, sentando las bases para el incremento de las inversiones y la mejora de la infraestructura en telecomunicaciones y radiodifusión en México.
Esperemos que no por arrebatos y decisiones insuficientemente sustentadas desde los diversos ámbitos que un análisis técnico y cuidadoso precisa, como en este caso el recaudatorio, vaya a resultar peor el remedio que la solución.
