Dr. Fernando Antonio Herrera Martínez.- Lucha Castro, de triste memoria para los chihuahuenses, ¡pide justicia! Y tiene razón, debe hacerse justicia, pero a las víctimas de Javier Corral y sus colaboradores, entre otros, ella misma.
Fue nombrada como magistrada de la Judicatura del TSJE. En ese puesto sembró el terror entre los empleados, jueces y magistrados y se encargó de ayudar a Javier Corral para tener a su disposición algunos de los jueces y magistrados que respaldarían las acusaciones que los Ministerios Públicos, de Javier Corral, hicieran en la Fiscalía en contra de todos los que formaron parte del tristemente famoso caso de los Expedientes X.
Hoy, pasado el tiempo de su poder, el nuevo gobierno está obligado a subsanar los abusos criminales cometidos en contra de ese grupo de personas. Recordemos que los extorsionaron, torturaron y violaron el debido proceso y sus garantías fundamentales. En otras palabras, LA JUSTICIA PARA CHIHUAHUA, prometida por Corral, resultó en una suerte de negocio en el que se vendía la justicia y se esquilmaba a los acusados.
La tortura, según se supo el martes, fue cometida entre otros por Francisco González Arredondo, Javier Flores, Martha Perales, Elisa Peña Yáñez y otro de apellido Cháirez, todos ministerios públicos. Cobrar una venganza pasional fue el mayor deseo de Corral. Para ello, lograron que algunos pagaran varias decenas de millones de pesos para no ser molestados; Pedro Hernández, ex secretario de Salud, fue uno de ellos.
También lograron explotar la falta de autoestima y debilidad de otros que ante el terror de ir a la cárcel decidieron vender su alma y a sus amigos, firmando todo tipo de falsedades y entregando a Corral a los que confiaron en él por creer a quien era amigo; es el caso de Jaime Ramón Herrera Corral, que hizo cuanto le pidieron, declaró y firmó falsedades, hasta volverse lo que hoy es: un paria social, repudiado por traidor y por sapo.
Otros salieron de la cárcel al aceptar traicionar a alguno de sus compañeros, como fue el caso del que dejaron salir con un adeudo al estado de 240 millones solo por declarar y firmar, durante un careo, que una firma era de Marcelo González, cuando sabía que no. ¿Alguien piensa que pagará esos 240 millones? Es el caso de Ricardo Yáñez.
Otros, mejores personas, bien nacidos y varones viriles en toda la extensión de la palabra, aguantaron de todo, hasta que liberaran órdenes de aprehensión contra esposa, hijos e hijas, y pasaron hasta más de cuatro años en la cárcel, pero no firmaron nada que fuera falso, ni declararon nada que no fuera cierto.
Entre ellos, Jesús Manuel Esparza Flores, que se volvió más que abogado, estudiando su caso y ahora ayuda a quien se lo permite. Obvio, esos estudios no resultan en un título, pero de que aprendió, no hay duda.
Raymundo Romero, Javier Garfio, el de Coahuila Alejandro Gutiérrez, Marcelo González Tachiquín, Alejandro Villarreal Aldaz, Gerardo Villegas Madriles, Antonio Tarín, Cristopher James Barousse, Jaime Fong, Felipe González Lui y Lázaro López, quién, con rabia y dolor de todos, murió de Covid en la cárcel por negligencia criminal de la autoridad que no le permitió ir al hospital. También Lalo Esperón y Kike Valles que ganaron en la mesa, pero nada de declarar falsedades.
Otro que estuvo preso fue Jorge Ramírez, pero les ganó todo, vía amparos y no lograron quebrarlo. Hoy se saben de Javier Corral, además de otros desvíos de comportamiento, su flojera crónica.
La Fiscalía General del Estado leyó ayer el testimonio de una de las víctimas de tortura por parte de los agentes de los Expedientes X, quien denunció que el exgobernador veía las torturas “interrogatorios” ya que tenían conectadas las cámaras de la Casa Zarco a su despacho en Palacio de Gobierno, al igual que una conexión con cámaras a las celdas de San Guillermo para observar desnudos a los presos que eran levantados a medianoche.
Creo que “depravado” es la palabra que describe a Corral. Ahora él, Lucha y otros claman justicia, y tienen razón, habrá justicia y la tendrán que enfrentar. De lo único que pueden estar seguros es que ellos no serán objeto de tortura, extorsiones ni de violaciones a sus garantías y tendrán el debido proceso. Hacerlo así, garantiza que paguen con cárcel, de lo contrario, se perderían los casos, como los perdió Javier Corral. La ley se debe aplicar como es y no con abusos de poder.
Aunque se digan perseguidos, los chihuahuenses sabemos que no es así, que los Malditos humillaron, y en su afán vengativo violaron la Ley. Se dice que el distanciamiento del fiscal Peniche con Corral fue por las acciones de Javier Corral al margen de la Fiscalía. O sea que Javiercito tenía por aparte algunos esbirros como Gema Chávez y ahora a Orpinel para hacer lo que se le diera la gana. No me explico qué hace entre ellos Víctor Quintana.
