Las fuerzas de seguridad de Birmania abrieron fuego en un funeral, mientras la población del país se reunía para llorar a un estudiante, uno de los 114 fallecidos el 27 de marzo, informa la agencia Reuters.
Los asistentes al funeral del estudiante Thae Maung Maung, de 20 años, lograron huir del tiroteo en la ciudad de Bago ubicada cerca de la capital comercial Rangún, y no se reportaron víctimas mortales, explicaron varios testigos citados por la agencia.
“Mientras cantábamos la canción de la revolución para él, las fuerzas de seguridad llegaron y nos dispararon”, declara una mujer llamada Aye que también tomaba parte en el servicio fúnebre. “La gente, incluso nosotros, huyó en cuanto abrieron fuego”, expone.
Tres personas murieron en otros incidentes acompañados de disparos este 28 de marzo y miles de aldeanos que residen en una zona fronteriza se escaparon a Tailandia después de que se intensificaron las combates entre el Ejército y algunos grupos étnicos armados que controlan franjas del país, según los medios locales.
El 27 de marzo, más de 100 personas fallecieron durante la represión de las protestas en diversas ciudades de Birmania. Mientras, los militares del país celebraban el Día de las Fuerzas Armadas con un desfile en la capital. Los habitantes de ciudades en todo el país aprovecharon esta fecha para volver a protestar contra el golpe de Estado del 1 de febrero.
El líder de la junta militar, general Min Aung Hlaing, declaró durante un desfile con motivo del Día de las Fuerzas Armadas que los militares protegerían al pueblo y lucharían por la democracia. El general no se refirió directamente a las protestas a nivel nacional.
En un mensaje televisado a todo el país y frente a miles de soldados habló solo del “terrorismo que puede ser dañino para la tranquilidad del Estado y la seguridad social”, y lo calificó de inaceptable.
El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Birmania, Thomas Andrews, insistió en una acción internacional coordinada contra la junta militar que llegó al poder el 1 de febrero. El alto funcionario explicó que se le debe cortar las fuentes de financiación a la junta, como los ingresos del petróleo y el gas, así como el acceso a las armas.
“Se debe negar a las fuerzas de seguridad el acceso a las armas o a aquella tecnología de doble uso que puedan instrumentalizar y desplegar contra el pueblo de Birmania. Se deben investigar y enjuiciar a los responsables de los horrores infligidos al pueblo de Birmania”, resalta Andrews.
“Las palabras de condena o preocupación son francamente falsas para el pueblo de Birmania, mientras la junta militar comete asesinatos en masa contra ellos”, declara el alto funcionario en un comunicado.
La asesora especial de la ONU para la prevención del genocidio, Alice Wairimu Nderitu, y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, calificaron los asesinatos de “acciones vergonzosas, cobardes y brutales de los militares y la Policía, que han sido filmados disparando contra los manifestantes mientras huían, y que ni siquiera han perdonado a los niños pequeños”.
El 1 de febrero, el Ejército de Birmania detuvo a numerosos líderes políticos y declaró un estado de emergencia de un año. Los militares arrestaron a la consejera de Estado y al presidente por presunto fraude electoral y por cargos de violar las restricciones del COVID-19.
El golpe de Estado desencadenó protestas masivas que continúan por sexta semana. Más del 70% de los empleados del Gobierno se han unido al movimiento de desobediencia civil en el país.
Sputnik
