MÉXICO- La agencia noticiosa Sputnik realizó una investigación en el que tuvo evidencia de la presentación de dos denuncias ante la Secretaría de la Función Pública por parte de trabajadores del Instituto de Pueblos Indígenas, quienes atribuyen contagios y fallecimientos por COVID-19 a la obligación de asistir a trabajar en las oficinas.
El 24 de agosto de 2020, de forma anónima, se recibió una primera denuncia que trabajadores del Gobierno Federal presentaron mediante el Sistema integral de denuncias ciudadanas (Sidec). Se señaló el riesgo de contraer el nuevo coronavirus, que significa haber vuelto a trabajar a las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
“Desde el lunes 3 de agosto (de 2020) no ha parado gente de ir a las oficinas ni de hacer trabajo de campo, no ha parado ninguna área”, dijo uno de los trabajadores inconformes a Sputnik.
Explicó que más de la mitad de los trabajadores del INPI (aproximadamente el 60%) no están obligados a trabajar presencialmente, dado que tienen mayor cobertura por ser contratados “de base” o sindicalizados. Sin embargo, el otro 40% restante, que corresponde a los mandos medios y altos de la Institución que entraron con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “por el tipo de contrato”, explicó la fuente, están obligados a ir.
Este 4 de febrero de 2021, una nueva denuncia anónima llegó a la Secretaría de la Función Pública señalando lo mismo que la anterior: “anomalías consistentes en que se está obligando a la persona a asistir a las oficinas y en espacios pequeños, derivando en contagios y fallecimientos de compañeros”, según el documento.
El 2 de febrero de 2021, por medio de su red social, el director general del Instituto de los pueblos indígenas (INPI) Adelfo Regino Montes, anunció haber dado positivo a COVID-19.
Según relató el trabajador, diariamente acuden más de cien personas a la oficina de Avenida Revolución. Explicó que primero la inconformidad se manifestó entre unos pocos, cuando comenzaron a aparecer los contagios. Luego, las críticas por la falta de espacio para trabajar manteniendo sana distancia y sin tener una buena ventilación se generalizaron.
Tres días después del anuncio por parte del director Regino de su COVID-19 positivo, murió por las consecuencias de esta enfermedad uno de los trabajadores del sector de Administración y finanzas, Braulio Augusto Hernández Cordero, quien se desempeñaba en el área de recursos humanos.
La molestia y la posterior denuncia formalizada llegaron al área de quejas y también a la titular del órgano interno de control del INPI, a cargo de Norma Leticia Castillo Lara, que según el análisis de la fuente que pidió anonimato para hablar con este medio, “presionaron para que se enviara condolencias a la familia tres o cuatro días después de su muerte, a nombre del Director del Instituto”, explicó.
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