El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua admitió queja interpuesta por María Eugenia Campos Galván, en su carácter de ciudadana y precandidata, en contra Liliana Rojero Luévano en su calidad de Subsecretaria de Educación Media y Superior de Gobierno del Estado de Chihuahua, y de Gustavo Enrique Madero Muñoz, en su carácter de precandidato y/o quien resulte responsable.
La queja se presentó por la comisión de conductas que vulneran los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad, consagrados en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución, por el uso indebido de recursos públicos, la presión y coacción del voto; así como la realización de una campaña calumniosa y denigratoria sobre su persona.
A través de mensajes denigrantes e imputaciones de actos delictivos sobre supuestos vínculos de corrupción, los señalados generan una afectación grave a sus derechos fundamentales como mujer.
La queja deberá resolverse en el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua y en caso de resolver a favor de la quejosa, los señalados pueden ser sancionados por la autoridad jurisdiccional y entre las posibles consecuencias se encuentra el no poder ser elegible para los cargos de Gobernadora o Gobernador, diputadas o diputados e integrantes de ayuntamientos.
El viernes pasado, el juzgado cuarto de distrito del Poder Judicial de la Federación, resolvió negar la suspensión definitiva del amparo 542/2020, que había tramitado Maru Campos Galván, en la que buscaba no ser notificada ni citada por un juez local, ante la investigación que le sigue por los presuntos pagos de lo que se conoce como “nómina secreta”, por lo cual ahora el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua podrá citarla para que declare por los pagos ilegales que presuntamente recibió cuando era diputada local.
Juárez Hoy
