Lic. Héctor Ramón Molinar Apodaca.- Las imágenes que hemos visto durante los últimos días en los medios de comunicación y las redes sociales son profundamente preocupantes. Estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y universidad protagonizan enfrentamientos físicos, humillaciones, amenazas y agresiones que, lejos de provocar una reacción inmediata de auxilio, se convierten en espectáculos grabados con teléfonos celulares.
Lo más alarmante no es solamente que dos estudiantes se golpeen. Es observar cómo otros permanecen alrededor, gritan, celebran, se burlan y graban, mientras la solidaridad, la empatía y el respeto parecen desaparecer.
¿En qué momento dejamos de enseñarles a nuestros hijos que, cuando alguien está siendo agredido, nuestra obligación es ayudar y no convertir su sufrimiento en entretenimiento?
El problema no es nuevo ni puede reducirse a incidentes aislados. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2022, el 28 por ciento de los adolescentes de entre 12 y 17 años que asistían a la escuela reportó haber sufrido acoso escolar durante los doce meses anteriores. Estamos hablando de aproximadamente 3.3 millones de estudiantes.
¿Se resolverá esta violencia prohibiendo los teléfonos celulares en las escuelas? No lo creo.
Regular su utilización puede ser conveniente para evitar distracciones, proteger la privacidad y reducir la difusión de agresiones, pero sería ingenuo pensar que desapareciendo las cámaras desaparecerá la violencia.
El teléfono no inventó la crueldad. Simplemente la exhibe, la multiplica y, en ocasiones, la convierte en un espectáculo.
La verdadera crisis es mucho más profunda: estamos descuidando la formación humana, los valores familiares, la responsabilidad docente y, sobre todo, el ejemplo que ofrecemos los adultos.
Las instituciones educativas no pueden limitarse a transmitir conocimientos académicos. También tienen la obligación de formar ciudadanos capaces de convivir, respetar las diferencias, resolver conflictos pacíficamente y comprender que la dignidad humana está por encima de cualquier desacuerdo.
Tenemos excelentes maestros que honran diariamente su profesión. Sin embargo, también debemos reconocer las deficiencias de un sistema educativo donde la capacitación, la supervisión, la disciplina y la responsabilidad institucional no siempre reciben la atención que merecen.
Los sindicatos magisteriales tampoco pueden permanecer ajenos a esta realidad. Su responsabilidad social debe trascender la defensa de prestaciones y derechos laborales para contribuir a una educación de calidad, con ética profesional y verdadero compromiso con los estudiantes, pero sería injusto responsabilizar exclusivamente a las escuelas.
¿Qué educación reciben nuestros niños cuando los adultos que deberían ser sus ejemplos viven insultándose públicamente?
Basta observar algunos debates legislativos, confrontaciones entre funcionarios, declaraciones de políticos, programas de comunicación y contenidos difundidos por determinados influencers o creadores digitales.
Diputados, senadores, servidores públicos, comunicadores y personajes con miles de seguidores recurren frecuentemente a la descalificación, la burla, la intolerancia y las expresiones ofensivas para defender sus posiciones.
No todos, desde luego. Pero quienes lo hacen deben comprender que sus palabras y comportamientos también educan, aunque sea negativamente.
¿Cómo podemos exigir respeto a un adolescente cuando observa que personas investidas de autoridad son incapaces de sostener una diferencia sin recurrir a la agresión verbal?
La responsabilidad alcanza incluso a las más altas instituciones de nuestro país.
Recientemente, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, protagonizó una controversia pública relacionada con su doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato. La ministra defendió sus estudios y la institución que le otorgó el grado, mientras diversos medios cuestionaron aspectos de su formación académica.
Más allá de las controversias sobre el prestigio de una universidad, que no debe confundirse automáticamente con la validez de sus estudios, quienes integran nuestro máximo tribunal tienen una responsabilidad extraordinaria: demostrar preparación jurídica, prudencia, respeto institucional y apertura al escrutinio público.
Un título académico no sustituye la calidad de los argumentos, como tampoco la investidura de una autoridad justifica la intolerancia frente a la crítica.
El ejemplo debe comenzar desde arriba.
Y también desde nuestros hogares.
No podemos exigir hijos respetuosos cuando los padres se insultan, se agreden, se desentienden de su educación o justifican cualquier conducta porque consideran que sus hijos nunca se equivocan.
La familia es la primera escuela de convivencia. Allí aprendemos a escuchar, compartir, pedir perdón, reconocer errores y respetar a quienes piensan diferente. Cuando esos principios se abandonan, difícilmente una escuela podrá reconstruirlos por sí sola.
México necesita recuperar la educación en valores, fortalecer la participación de los padres de familia, capacitar a los docentes para prevenir y atender la violencia, establecer mecanismos eficaces de intervención y garantizar acompañamiento psicológico a quienes sufren o ejercen agresiones.
No basta sancionar al estudiante que golpea. También debemos comprender qué está ocurriendo en su entorno, proteger a la víctima y evitar que la violencia vuelva a repetirse.
Y quienes presencian una agresión deben aprender que pedir ayuda es mucho más valiente que sacar un teléfono para grabarla.
La educación no se transforma únicamente mediante nuevos programas escolares, reformas legislativas, prohibiciones o discursos oficiales. Se transforma cuando los adultos somos capaces de practicar los valores que exigimos a las nuevas generaciones.
No podemos sembrar intolerancia y esperar cosechar respeto. No podemos normalizar la violencia entre adultos y sorprendernos cuando aparece entre nuestros niños.
Antes de preguntarnos qué está pasando con nuestros estudiantes, deberíamos tener el valor de preguntarnos: ¿Qué clase de ejemplo les estamos dando?
Porque la violencia escolar no comienza necesariamente en las aulas. Muchas veces llega desde nuestros hogares, nuestras instituciones y nuestra propia conducta.
Y mientras los adultos no cambiemos, difícilmente cambiarán nuestros hijos.
