Dr. Fernando A. Herrera M.- La política mexicana siente una fascinación casi religiosa por los rituales. Cambian los nombres y los colores, pero el juego es el mismo. Ahora el gran mito del partido en el poder es jugar a la “democracia del pueblo por medio de encuestas”.
Nos vendieron la idea de que la estadística sustituía a las viejas prácticas del pasado. En los hechos, solo es la encuesta que nadie ha visto.
Morena ya definió diez coordinaciones estatales rumbo a 2027 y en ninguna ha mostrado una encuesta ni un solo número. Dicen que cada aspirante recibió copia, pero el público, nada. El error no es repartir cuotas —eso también es política—, es la simulación: prometer un método científico, transparente y aplicar, con otro nombre, el viejo dedazo.
Y el dedo tiene patrón. En la mayoría de los casos ganó el perfil cercano al gobernador en turno. En Quintana Roo fue el exsecretario de Finanzas de Mara Lezama; en Zacatecas, la excuñada del gobernador Monreal; en Baja California, la exsecretaria particular de Marina del Pilar. Demasiadas coincidencias para ser estadística. A los gobers los puso AMLO ¡y ganaron sus propuestas!
La inconformidad ya se siente. En Zacatecas hubo abucheos y reclamos; en Guerrero, una aspirante derrotada marcó distancia; en Quintana Roo se gritó “fraude”; el PT se salió del proceso y, en Baja California, su aspirante exige otra encuesta.
La respuesta de la dirigencia fue que no habrá segundas rondas. Así no se cierran las heridas: se aplazan.
Baja California tiene, además, una complicación para Morena con un famoso apellido: Verónica Ruffo, hija del exgobernador Ernesto Ruffo, quien fuera detenido en julio pasado y acusado de huachicol fiscal. Verónica Ruffo sopesa buscar la candidatura del PAN para encabezar, dice, la causa de su padre, a quien su partido llama preso político.
Se acredite o no el agravio, en política pesa más la percepción que el expediente. Y enfrente tendría a una candidata de Morena que llega amparada en la sombra de la gobernadora; la oposición acaba de encontrar una buena bandera.
El norte no será la excepción. En Chihuahua, cuando se señale a uno de los dos aspirantes, estallará una bomba con mecha corta. Ni Andrea Chávez ni Cruz Pérez Cuéllar son de medias tintas, y ambos sostienen que en Chihuahua nadie impone candidato con el dedo. Exigirán ver la encuesta y, si no la ven, no negociarán.
Morena nunca ha gobernado este estado. Aquí la oposición es real y una decisión de cuotas disfrazada de consenso sembraría la semilla de la división. Subestimar a sus cuadros locales que construyeron una fuerza propia con esfuerzo y años de dedicación será un error que se pagará caro en las urnas.
Muy pronto veremos si la soberbia desde el poder les permite ver que el descontento ya los alcanzó, o si, aun dándose cuenta, prefieren jugar con dados cargados para hacer un gran simulacro y fingir que el pueblo “ya decidió”.
Al tiempo.
Se perdió el federalismo
Hubo un tiempo en que el Instituto Electoral de Chihuahua llevaba funciones de lucha libre a las escuelas primarias y tocadas con Caballo Dorado a diversos planteles o eventos. Presidí ese instituto casi nueve años, de noviembre de 2006 a octubre de 2015. Al terminar la elección intermedia de 2007 empezamos un programa de educación electoral que nos llevó a recorrer las escuelas aula por aula, desde los niños más pequeños, hasta los alumnos de las universidades.
También apoyábamos la organización de las elecciones escolares con un moderno sistema de cómputo, algo que, hasta donde sé, ningún otro instituto del país hacía: visitar aula por aula.
El promotor de lucha libre, un buen amigo (+), sabía que esos niños serían clientes porque pedirían a sus padres que los llevaran a las funciones de paga de cada fin de semana; pagábamos los gastos y mil pesos por función a cada luchador. A las universidades, les apoyábamos con las urnas electrónicas para elegir sus consejos y mesas directivas. En algunas ocasiones llevamos a Caballo Dorado: cuatro músicos que aceptaron tocar de martes a jueves, sus días sin gira, por diez mil pesos mensuales cada uno, cuando en lo local cobraban por presentación al menos ciento cincuenta o doscientos mil y mucho más en sus giras nacionales internacionales.
Era lo cotidiano del instituto. En los años sin elección trabajábamos con un presupuesto exiguo; en año electoral alcanzaba los 300 millones de pesos, incluso más, y en 2010, con la elección general para elegir gobernador, cerca de un 20% adicional. En 2015 el presupuesto local no alcanzó para el programa completo. Se redujo, pero siguió vivo mientras estuvimos ahí.
Esos tratos eran posibles porque se decidían aquí las cosas por quienes conocíamos el terreno. En 2014 yo presidía los institutos electorales de todos los estados del país, cuando una reforma electoral de gran calado decidió romper el federalismo: los institutos locales pasarían a tener consejeros que nombraría y podría remover el INE, mientras cada estado tendría la obligación de su presupuesto.
Discutimos fuerte durante varios días con las comisiones de ambas cámaras. Nuestro argumento era exigir respeto al sistema federal y la autonomía de los estados, además de que se elegía a los consejeros mediante la representación popular reflejada en el Congreso del Estado. Era una decisión tomada, y la impusieron, aunque la reforma se aplicó hasta nuestra salida con quienes nos sucedieron.
Perdimos, y aceptamos las nuevas reglas. Hoy quisiera defender esa institución que nos impusieron y que esa reforma creó, porque defenderla no es interceder lo que a uno le convenía en aquel tiempo. Los institutos de los estados no eran perfectos, pero eran autónomos y, aunque había presiones, algunos las resistimos. Hoy los Oples tienen jefe, son elegidos por el INE y sus atribuciones son reducidas, o ampliadas, según estén de humor.
El INE que sustituyó al IFE ya no es autónomo o, por lo menos, siempre cuestionado por sus decisiones calificadas como carentes de imparcialidad, al igual que las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El poder de los árbitros se concentró. En una rebelión interna, el TEPJF cambió su directiva y desde entonces sus resoluciones se acomodan al interés del partido gobernante, a tal grado que consideraron que las campañas adelantadas eran válidas como reorganización interna de los partidos.
En 2024, la coalición oficialista obtuvo cerca del 54% de los votos y alrededor del 74% de las curules, cobrando muy caro el abuso de una reforma de 2007.
En diciembre de 2024 el gobierno continuó con la concentración de poder; fueron eliminados de un plumazo siete órganos autónomos para evitar los contrapesos, entre ellos: el INAI, la Cofece y el IFT. El gobierno lo justificó con una malentendida duplicidad de funciones y por la austeridad republicana, mientras sus críticos argumentaron que el gobierno se convirtió en juez y parte. El IMSS así persigue a los empresarios.
En la elección judicial de 2025 apenas votó un ridículo y minoritario 13% del electorado. Fue tal la manipulación, que la OEA observó que seis de los nueve nuevos ministros fueron postulados por el comité nombrado por la presidencia, y el resto por el mismísimo poder presidencial.
Nada fue clandestino; eligieron jueces, magistrados y ministros con votos, con leyes y con la puntada de una tómbola. En esa descabellada ocurrencia de elegirlos por las urnas fracasaron y ahora buscan corregir el caos creado, mientras la población espera la impartición de justicia. Hasta sus abyectos allegados como Javier Corral critican la ausencia de jueces civiles.
En otro abuso absoluto de poder casi todos los fideicomisos de diversas dependencias fueron confiscados para utilizarlos como gasto corriente. Aquel dinero acumulado por años desapareció y se perdieron los objetivos para los que fueron creados.
Los recortes a los municipios y entidades federativas han sido constantes y por montos que meten en serios problemas a las alcaldía y gobiernos. En otro recorte de alto impacto los programas de apoyo federal para seguridad fueron suspendidos, dejando a los municipios y estados con presupuesto recortado y programas desaparecidos.
Los subejercicios del presupuesto federal, en salud, han propiciado que más de 33% de las recetas se queden sin surtir. Los apoyos sociales terminan con don simi porque ni materiales para trabajar tienen en los hospitales. Más de 44 millones de mexicanos se quedaron sin servicios de salud al quitar el Seguro Popular.
En marzo de 2026, otra reforma electoral propuesta por la presidencia no pasó porque los partidos aliados del gobierno se negaron a recibir menos dinero y votaron en contra. Perdieron con 259 votos frente a los 334 necesarios. Luego presentaron un plan B para reducir el número de regidores en todos los municipios del país y los presupuestos de los congresos locales, que fue aprobado.
Los contrapesos que sobreviven no se defenderán solos; funcionarán mientras los ciudadanos los mantengamos vivos. El poder concentrado en una sola persona evita la obligación de rendir cuentas y todo se reduce a una vergonzosa simulación.
Nunca tuvimos un gobierno exento de corrupción, hubo demasiada y fue contra el pueblo, nos hartaron y los echaron, no hay porqué defenderlos ni perdonarlos, pero también es cierto que nunca se atrevieron a tanto como ahora. Las cifras demenciales del huachicol fiscal, Segalmex o la perla con el locuaz Noroña y su enriquecimiento inexplicable es solo un ejemplo de cómo el poder hace que se pierda el sentido común. Jamás vimos a un político cometer el abuso de llevar al congreso a un ciudadano a pedirle disculpas en televisión nacional. Eso es perder el equilibrio mental.
Aprendí, sí, aprendí perdiendo que el poder que se mueve hacia arriba nunca regresa.
El país está en una ruta de peligro. Si bien la deuda es de un 55% del PIB, el costo por el servicio o el pago de intereses es creciente, y con el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos la situación será peor este año, en el que tendrán que destinar casi billón y medio de pesos para el puro pago de intereses, sin tocar un peso de capital. Y al llegar al 60% perderemos la calificación de inversión.
Lo peor de todo es que las dos cámaras están bajo el control de la gente cercana al anterior presidente y medio gabinete de la presidenta le responde a él. Las manos de la presidenta están atadas y no sabemos si toma decisiones o las consulta y/o comparte.
Dr. Fernando A Herrera. Periodista y politólogo, es Doctor en Administración por la UACH. Presidente del IEE Chihuahua (2006-2015); presidente de Instituciones Electorales de las entidades federativas en México (2014). Es autor de la trilogía “Secretos” filosofía para la vida cotidiana. Presidente y director general de chihuahuaexpres.com.mx
Sígueme en mis redes:
https://www.youtube.com/@Chihuahuaexpres
En Facebook Fer Herrera Sota, Caballo y Rey
En el portal informativo chihuahuaexpres.com.mx
O en X (Twitter) Fernandoherrera.me
E-mail: fernando.herrera@chihuahuaexpres.com.mx
