Dr. Fernando A. Herrera M.- En México y en el mundo nunca se ha castigado el pecado, se dice que se castiga el escándalo. Esta es la única ley que se cumple, sexenio tras sexenio, gobierne quien gobierne: siempre nos caen las mismas cartas: sota, caballo y rey; es decir, todo pasa igual, aunque cambie la mano que reparte.
En estos días varios escándalos dejan al descubierto los pecados de algunos personajes de la 4T, como Carlos Ulloa, director de Birmex, quien pagó de contado 22.4 millones de pesos por dos departamentos entre 2020 y 2023, al tiempo que su sueldo más alto como servidor público rondaba los 100 mil pesos mensuales.
Su explicación fue que recibió una herencia familiar y que, el resto, eran ahorros de tres décadas. El problema es que esa herencia no aparece consignada en sus declaraciones porque lo único que declaró —joyas por un millón de pesos, recibidas en 2019— no alcanza ni de lejos para cubrir la diferencia. Un naipe que se saca de la manga a mitad de la partida.
Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit y antes de Pemex, jugó mal su carta cuando se le descubrió un patrimonio de casi 50 millones de pesos porque primero había clasificado su declaración patrimonial como “confidencial”, hasta que la presidente le ordenó abrirla.
Cuando por fin la mostró, aparecieron 47 millones de pesos en inmuebles, terrenos y cuentas bancarias, ingresos que superarían por medio millón de pesos mensuales lo que gana la propia Sheinbaum —que viola la Constitución— y sus declaraciones se contradicen sobre si pagó o paga las propiedades a crédito o al contado.
El lunes pasado, en la mañanera, Romero Oropeza bajó su juego y explotó contra la prensa: “no todos somos iguales, corruptos son ellos que se dedican a mentir y cobran por eso”. Una sota que se declaró rey.
En otro caso, muy publicitado, Gerardo Fernández Noroña jugó con una carta chueca, aunque más elegante: desapareció una casa. En 2024 declaró una propiedad en Tepoztlán de 12 millones de pesos, comprada a crédito, lo cual encendió las redes y un gran escándalo. Estudió malabarismo con las cartas y año y medio después, sacó de su declaración de 2026 el inmueble que ya no figura como un bien —solo puso el adeudo, con el argumento de que “mientras no la termine de pagar, no es mía”.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad fue más lejos en la investigación de esa propiedad: resulta que está registrada a nombre de un tercero y comuneros de Tepoztlán han denunciado que la venta ni siquiera fue aprobada por la asamblea comunitaria. No es un descuido contable: es, en el mejor de los casos, un testaferro; y en el peor, puede ser tierra usurpada a la comunidad.
Rocío Nahle compró en 2019 una casa en Tabasco por 2 millones de pesos y el año pasado la vendió, según su propia declaración, por casi 10 millones: la quintuplicó en solo siete años.
Mario Delgado, ahora secretario de Educación y exdirigente de Morena, “corrigió”, ante el escándalo, su declaración sobre el costo de un departamento en Reforma que había declarado en 1.5 millones de pesos cuando valía 15.
Alejandro Gertz Manero, exfiscal general y hoy embajador en Londres, ahora se sabe que tiene un patrimonio que incluye trece inmuebles, con un edificio entero, joyas por un millón de dólares y cuentas vigentes en España, Suiza y Estados Unidos —datos que ocultó mientras fue fiscal y que solo se conocieron porque la Cancillería, al nombrarlo embajador, lo obligó, por ley, a trasparentar su patrimonio.
Y en Chihuahua tenemos nuestra carta del dos de bastos, quizá la más cruda porque me tocó saberlo directamente: Cruz Pérez Cuéllar, exsenador y dos veces alcalde de Ciudad Juárez, manejó su auto como Uber para sobrevivir —él mismo lo platicaba con humildad y algún dejo de orgullo, y que para mí fue admirable—. De ahí saltó a senador, luego a la alcaldía y sus declaraciones patrimoniales han hecho el mismo truco de prestidigitación que la casa de Noroña: propiedades que aparecen y desaparecen sin fecha de adquisición y sin explicación.
En 2023 el PAN lo denunció por enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía Anticorrupción por comprar un inmueble de 26 millones de pesos —el equivalente a 16 años de sueldo íntegro, sin comer, sin gastar un peso—, señalando a un posible prestanombres.
Hace dos años, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua ya había embargado de manera precautoria esa misma casa familiar en el fraccionamiento Campestre —un episodio que reabre la pregunta sobre a quién pertenece realmente el inmueble—.
Ahí está la pregunta que ninguno de los siete casos se atreve a responder de frente con la verdad. Y surgen interrogantes ¿qué culpa tiene el hijo que crece en esa casa, que va al colegio en ese auto, que disfruta de este nuevo confort, sin haber participado en nada ilícito?
La Ley Nacional de Extinción de Dominio contempla algo parecido a una respuesta: se procede sobre el bien, no sobre la persona, y alcanza a terceros que se asuman como dueños, aunque no acrediten procedencia lícita; esta ley seguiría vigente incluso después de la muerte del imputado, contra los herederos y/o legatarios.
La propia Secretaría Anticorrupción anunció que, si encuentra inconsistencias, extenderá la revisión al círculo familiar del funcionario de Birmex. Es uno, pero es avance.
La ley ya incluye lo que el sentido común dice desde hace siglos: el dinero robado no se vuelve limpio porque lo herede un inocente. Uno que no cometió el delito, pero que al disfrutar de su fruto tampoco queda exento de responsabilidad, aunque no sea el dueño legítimo. Es, en el mejor de los casos, un beneficiario que de buena o mala fe decidió no preguntar. Y en México, no preguntar de dónde vino la mansión, el carrazo o la concesión para jugar golf, se ha convertido en la forma más elegante de la complicidad.
¿Cuántas veces más nos llegarán sotas, caballos y reyes más para que la política deje de avergonzar al país? ¿Cuántas casas más tendrán que desaparecer de una declaración patrimonial antes de que desaparezca la paciencia de la sociedad? La baraja sigue siendo la misma. Lo único que cambia, entre gobierno y gobierno, es el nombre de quien reparte las cartas —y el tamaño del patrimonio y la casa que se queda con ellas—.
“Sota, Caballo y Rey” es una expresión utilizada en España como respuesta a cómo les ha ido, o cómo han estado; o lo que quiere decir: todo sigue igual.
Dr. Fernando A Herrera. Periodista y politólogo, es Doctor en Administración por la UACH. Presidente del IEE Chihuahua (2006-2015); presidente de Instituciones Electorales de las entidades federativas en México (2014). Es autor de la trilogía “Secretos” filosofía para la vida cotidiana. Presidente y director general de chihuahuaexpres.com.mx
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