Dr. Omar Bazán Flores.- En las cámaras legislativas se analiza la propuesta que plantea sustituir por completo la actual Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, vigente desde 1988, por un nuevo marco legal adaptado a problemas actuales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el impacto ambiental de grandes proyectos.
La iniciativa mantiene como eje el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente sano, pero incorpora nuevas obligaciones para que el desarrollo económico y la construcción de infraestructura sean compatibles con la protección de los ecosistemas.
También introduce criterios relacionados con energías limpias, cambio climático, transparencia, acceso a la información y participación ciudadana en asuntos ambientales. El texto se presentó por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Uno de los cambios más relevantes es la creación de la Evaluación Ambiental Estratégica. A diferencia de los mecanismos tradicionales, esta figura permitiría analizar de manera integral los efectos ambientales de determinados planes, programas y proyectos de infraestructura considerados nacionales o estratégicos.
No solamente se revisarían los impactos directos, sino también aquellos que puedan acumularse o combinarse con otros. El resultado de esta evaluación sería vinculante y podría establecer medidas de restauración, remediación o rehabilitación para compensar los daños.
La reforma también contempla la creación de un Registro de Infractores Ambientales, que estaría a cargo de la autoridad federal y concentraría información sobre quienes hayan cometido violaciones a la legislación en esta materia.
Además, permitiría aplicar medidas anticipadas cuando exista un riesgo inminente de afectación al medio ambiente o a la salud pública, sin tener que esperar a que el daño se materialice.
En el ámbito institucional, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente cambiaría su nombre a Procuraduría Federal de Justicia Ambiental. De acuerdo con la propuesta, este cambio no implicaría modificaciones laborales ni un incremento presupuestal. Tanto la Federación como los estados tendrían que adecuar sus respectivas disposiciones a la nueva legislación.
También se actualizarían las reglas para el ordenamiento ecológico del territorio y los cambios de uso de suelo forestal, mientras que se conservaría el esquema de infracciones, multas y responsabilidades por daño ambiental.
Los procedimientos que ya estuvieran en curso cuando entrara en vigor la nueva ley, continuarían bajo las disposiciones anteriores, salvo que los interesados solicitaran acogerse al nuevo marco.
En conjunto, el proyecto busca que la legislación ambiental deje de concentrarse únicamente en autorizar, regular y sancionar actividades de manera individual y avance hacia una evaluación más amplia de sus efectos sobre el territorio y los ecosistemas.
Sin embargo, la propia iniciativa establece que estos nuevos mecanismos deberán ponerse en marcha con los recursos públicos ya autorizados, sin contemplar presupuesto adicional.
