Dr. Fernando A. Herrera M.- Marco Bonilla asume la coordinación de la Comisión Política Estatal del PAN, un movimiento que formaliza algo más que la potencial candidatura a gobernador; asegura la unidad de las filias al partido. Mientras tanto, en la acera de enfrente siguen atrapados en una dinámica de enfrentamiento de facciones, donde los temperamentos explosivos amenazan con devorar las siglas.
La Sota
En el juego de la 4T, la sota es la carta que representa la audacia y la presión. El amago del Partido Verde soltó el ultimátum: “Sin Cruz, no hay coalición en Chihuahua”. Esta advertencia de romper la alianza con Morena y jugar por la libre con las siglas del tucán, en apariencia resuelta en la comisión de elecciones, no garantiza que el Verde descarte arropar a Cruz para inflar su votación y sus prerrogativas.
En resumen, Cruz es un gran activo para el Verde. El capital político del alcalde juarense cuenta con una plataforma capaz de dinamitar las aspiraciones morenistas si la encuesta interna favorece a su rival. Cruz es la carta que podría desequilibrar la jugada antes de que se repartan las posiciones en Morena.
El Caballo
El caballo encarna la fuerza implacable, el trote combativo y el choque inevitable. La carrera por la nominación de Morena derivó en una colisión de trenes entre dos personalidades beligerantes e incapaces de ceder terreno: Cruz Pérez Cuéllar y la senadora Andrea Chávez.
Con un colmillo político largo y arraigo en la frontera, Cruz no aceptará un manotazo cupular. Por su parte, Andrea, cobijada por el ala más pura del morenismo, responde con desdén a cualquier amago. El choque no es de proyectos, sino de naturaleza eminentemente territorial, de egos generacionales e irreconciliables que amenazan con dejar demasiados heridos de guerra en el camino.
El Rey
El rey de la baraja representa el orden, la autoridad institucional y el cierre de filas. El nombramiento de Marco Bonilla, respaldado de manera explícita por la estructura del estado y la gobernadora Maru Campos, envía un mensaje nítido al centralismo: la plaza no se entrega por fracturas internas.
La disciplina mostrada por Gilberto Loya y Jesús Valenciano evidencia que en el espectro opositor se entiende el dilema de manera pragmática: o se marchaba en bloque compacto o el centralismo de la Federación fragmentaría el último gran bastión panista del norte. Aquí la unidad es la corona que protege el reino.
Remate
El escenario es de pronóstico reservado. Mientras la oposición en Chihuahua ha decidido subordinar los intereses individuales en favor de un bloque institucional, Morena padece la paradoja de su propio crecimiento: tiene los números para competir, pero carece de la madurez interna para procesar las ambiciones de sus dos liderazgos más visibles.
Si Cruz decide jalar el gatillo del Verde ante un resultado adverso para frenar a Andrea, el oficialismo habrá pavimentado el camino para la continuidad de Marco y los grupos locales. La moneda está en el aire, pero hoy por hoy, el As bajo la manga de la disciplina se viste de azul y el desorden se tiñe de guinda.
Nadie sabe, nadie supo…
¿A dónde van los 600 mil millones de pesos que desaparecen por el huachicol fiscal? La retórica oficial intenta vendernos la idea de que el robo de combustible es un asunto del pasado, un mito o un delito inventado por Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California. También que son delincuentes menores perforando ductos en la clandestinidad de la noche. Nada más falso.
El dinero de este monstruoso desfalco está a la vista de todos, diluyéndose a plena luz del día en oficinas de pillos de cuello blanco, en las aduanas y en infinidad de negocios del país. Es una maquinaria perfecta que requiere la complicidad activa de una pirámide de varios niveles bien aceitados.
El primer eslabón se ubica en los dueños de grandes capitales de México y Texas: empresarios de fachada que inyectan millones para financiar trenes completos, barcos o buques enormes y flotillas de miles de pipas que circulan y cruzan fronteras registrando el diésel y la gasolina bajo códigos falsos —como aceites o aditivos— para evadir el IEPS.
El segundo nivel son las aduanas, la llave maestra en tierra y mar. Ahí, funcionarios de diverso nivel, administradores y mandos de seguridad validan papeles falsificados para que el combustible cruce sin dejar rastro fiscal.
El tercer eslabón son las redes de gasolineras y mayoristas encargados de la distribución y la logística. Y el último, el consumidor cómplice: cientos de gasolineras formales y de marcas conocidas repartidas por todo el país —con una enorme cantidad de sucursales documentadas en Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas— que compran este combustible en el mercado negro para revenderlo al público con un margen de ganancia brutal, alterando sus controles volumétricos para burlar a las autoridades.
Esa cantidad monumental no se guarda bajo el colchón. Financia campañas políticas, compra la impunidad de policías de todos los órdenes de gobierno mediante sobornos y alimenta cuentas bancarias de delincuentes y de organizaciones transnacionales, convirtiéndose en su segunda fuente de ingresos detrás del narcotráfico.
Ante este panorama, surge la pregunta obligada: ¿de verdad nadie se da cuenta? ¿Es que ninguna fiscalía o policía de barrio sabe nada de nada? La respuesta es que todos saben lo que pasa. La idea de la incompetencia es el velo que el gobierno prefiere mantener, pero los expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR) demuestran que las autoridades poseen mapas detallados, nombres de empresas y rutas precisas del contrabando.
La FGR ha emitido órdenes de aprehensión contra altos mandos militares que dirigieron aduanas clave, como la de Matamoros, por permitir el ingreso ilegal de millones de litros de hidrocarburos. Las fiscalías saben perfectamente que el combustible no entra escondido; han llegado a asegurar hasta 170 ferrotanques en una sola revisión ferroviaria y han vinculado a proceso a dueños de consorcios gasolineros por operar con variaciones volumétricas. Incluso, de las declaraciones de marinos y testigos protegidos en puertos como Tampico han surgido las menciones que vinculan al entorno familiar del poder con la protección al contrabando.
¿Por qué entonces nadie hace nada? Ni siquiera un policía de barrio —perdón por el sarcasmo—.
No es por falta de sospecha, sino por una estructura diseñada para la parálisis. Un policía de barrio, es obvio, no tiene competencia legal aduanera, ni la facultad para auditar los códigos QR de una pipa. Además, desde que las aduanas y puertos estratégicos se entregaron al control militar de la Sedena y de la Marina, ninguna autoridad se atreve a inspeccionar lo que ya fue validado por un retén verde olivo. Hacerlo frente a un negocio controlado por el crimen transnacional no sería cumplir con el deber; sería una sentencia de muerte inmediata.
El problema en México nunca ha sido la falta de investigación; el verdadero problema es el uso selectivo de la información.
El aparato del Estado no es incompetente, sino cómplice y despiadado al elegir un chivo expiatorio. El expediente se abre con la rapidez de flash para los adversarios políticos como Ruffo, pero se cierra de forma hermética cuando los testigos comienzan a pronunciar apellidos que pertenecen a los personajes que mandan o se mueven en los círculos más íntimos de Palacio.
Cuando la Presidencia defiende con tanto empeño el entorno del poder, no defiende la soberanía; contiene un dique para que los mexicanos no sepamos quiénes son los verdaderos dueños de este monstruoso negocio del huachicol fiscal.
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