Dr. Fernando A. Herrera M.- La escalada de declaraciones con videos cruzados entre Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar, trasciende la anécdota y se consolida como una fuerte fractura estructural.
La carrera por la sucesión del gobierno del estado 2027 ha comenzado con un ilegal y preocupante adelanto que, además, revela tensión en la 4T, que la enfrentan a un grave reto de contener sus diversas corrientes internas por la ausencia de liderazgo
La colisión más importante se da entre dos grupos dentro del oficialismo: Andrea Chávez, que representa la ortodoxia de AMLO y cuyo manejo está a cargo de Adán Augusto y Monreal, que apelan a las bases que les dieron vida y al respaldo de sus aliados.
Cruz Pérez Cuéllar, representa al pragmatismo clásico, ha construido un bastión político robusto en Juárez y ha conseguido alianzas con el Partido Verde y una fracción del Partido del Trabajo.
Las reglas no escritas de la disciplina partidista están siendo desafiadas. Mientras la dirigencia del partido y la instrucción de Palacio Nacional tienen una agenda, las fuerzas locales han optado por la confrontación abierta.
La máxima juarista “en Chihuahua mandan los chihuahuenses”, opera como una declaración de autonomía que reta la conducción centralizada. El desenlace será el primer indicador de la capacidad de contención de Morena. Los escenarios apuntan en dos direcciones:
Si la balanza la inclina el centro por una designación hacia Andrea, el riesgo de una escisión es real. Una candidatura de Pérez Cuéllar, cobijada por las siglas del PVEM y el PT de América Aguilar, otorgaría ventajas a la oposición.
Si la cúpula impone una tregua entre ambos para optar por el peso real de cada quien en las encuestas, se puede dar una negociación de coexistencia.
Nada es extraño: Chihuahua siempre ha sido un laboratorio experimental de la política.
El mayor adversario de Morena en la frontera no está en las filas de la oposición, está en la dificultad de procesar la ambición de sus cuadros, pero más que cualquier otra cosa, lo que más perjudica a Morena es que no se sabe quién realmente manda.
Centralismo, deuda y programas cancelados, provocan crisis financiera a estados y municipios
La arquitectura fiscal toca fondo. México, como nunca, atraviesa una profunda crisis en décadas.
Mientras el Gobierno Federal recurre con extrema soltura al endeudamiento para solventar sus prioridades, las finanzas de las entidades y municipios se desangran en silencio.
La eliminación sistemática de fondos y fideicomisos que eran esenciales, desmanteló la protección financiera creada para subsanar las bajas del fondo participable y dejó a las entidades y municipios absolutamente desprotegidos ante tales fluctuaciones.
La orden de AMLO de desaparecer esos programas que eran amortiguadores para los estados y municipios, eliminó los mecanismos institucionales que permitían compensar las caídas presupuestales.
Entre las pérdidas más devastadoras para las entidades federativas y los municipios están:
Fondo de Desastres Naturales
Su desaparición obligó a los estados a destinar recursos para la prestación de servicios básicos a la sociedad. Ahora ningún estado ni municipio puede reconstruir su propia infraestructura sin perjudicar el presupuesto de esos servicios indispensables.
Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad
Este programa dejó a los municipios sin el recurso federal etiquetado para el equipamiento y las academias de capacitación policial, que contribuyó y agravó la crisis de seguridad.
Fondo Metropolitano
Con su desaparición se canceló el financiamiento de obras viales, de transporte y de servicios compartidos en las grandes urbes del país.
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
Al eliminar el ahorro público, los estados perdieron la única opción de compensar las disminuciones de la Recaudación Federal Participable.
Consecuencias
Las implicaciones de estas cancelaciones en aras de apoderarse de los fondos de los fideicomisos y dejar de aportar para estos programas, se traducen en un deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos. Al no contar con ventanillas de financiamiento especial, los estados y municipios enfrentan problemas y realidades insostenibles.
Los ayuntamientos apenas logran cubrir el gasto corriente y el pago de nóminas, y se ven obligados a cancelar bacheo, o a extender la red de agua potable o a colocar suficientes luminarias. Mucho menos les alcanza para hacer obra pública.
Impedidos de equilibrar sus presupuestos, los estados fueron obligados a contratar créditos bancarios de corto plazo a tasas elevadas para cubrir el boquete fiscal.
Todo está pensado para propiciar la pérdida de autonomía financiera y subyugar las decisiones de los estados y municipios a la discrecionalidad del centro.
Mientras a las entidades se les exige una disciplina financiera asfixiante, la administración federal opera bajo una lógica distinta. El déficit fiscal federal escaló de forma histórica hasta pasar de un cinco por ciento con respecto al PIB, que equivale a 2 billones de pesos.
La deuda pública neta total de México se ubica en el 50.4% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la deuda externa bruta específica representa el 33.9% del PIB. Antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia a finales de 2018, la deuda pública ampliada se situaba en un 43.6% del PIB, lo que refleja un incremento general en las obligaciones financieras del país durante los últimos años.
Lo anterior duplicó la deuda del país en siete años de la 4T, obligando al país a destinar un porcentaje abrumador de la riqueza nacional únicamente para cubrir los intereses de esa deuda sin abonar un peso al capital.
Al cierre del ciclo, la deuda neta del Gobierno Federal supera los 20 billones de pesos, cuando Peña Nieto se las dejó en 10.7, lo que nos deja ver que se duplicó en solo siete años.
Quienes toman las decisiones en el centro del país, no sufren el rigor de la escasez; sin embargo, en los rincones del país, los gobernadores y los alcaldes operan sin recursos y con las manos atadas, encomendados a la suerte ante un pacto federal que requiere con urgencia una actualización porque el actual está desproporcionado.
Dr. Fernando A Herrera. Periodista y politólogo, es Doctor en Administración por la UACH. Presidente del IEE Chihuahua (2006-2015); presidente de Instituciones Electorales de las entidades federativas en México (2014). Es autor de la trilogía “Secretos” filosofía para la vida cotidiana. Presidente y director general de chihuahuaexpres.com.mx
Sígueme en mis redes:
https://www.youtube.com/@Chihuahuaexpres
En Facebook Fer Herrera Sota, Caballo y Rey
En el portal informativo chihuahuaexpres.com.mx
O en X (Twitter) Fernandoherrera.me
E-mail: fernando.herrera@chihuahuaexpres.com.mx
