Dr. Omar Bazán Flores.- La discusión de una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente colocó en agenda temas como la calidad del aire, la biodiversidad, los polinizadores y la prevención de daños ambientales.
Empero, detrás de todos ellos existe una necesidad común que es el de contar con información confiable para tomar decisiones. La importancia de esa información resulta especialmente visible en estados como Chihuahua.
Los escenarios climáticos desarrollados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) ubican al norte de México entre las regiones con mayores incrementos de temperatura proyectados para las próximas décadas. Para distintos municipios del estado, los estudios prevén aumentos sostenidos de temperatura y olas de calor más frecuentes, con posibles efectos sobre la disponibilidad de agua, la salud pública y diversas actividades productivas.
Ahí entra el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), organismo creado en 2012 mediante la Ley General de Cambio Climático. Aunque suele mantenerse fuera del debate público, tiene una función específica: generar estudios, datos y análisis que sirvan de apoyo para las políticas públicas relacionadas con el medio ambiente y el cambio climático.
A diferencia de otras instituciones ambientales, el INECC no inspecciona empresas, no aplica sanciones ni otorga permisos. Su función consiste en investigar, medir y evaluar. Entre sus tareas se encuentran los estudios sobre calidad del aire, emisiones contaminantes, biodiversidad y riesgos asociados al cambio climático.
La información que produce permite identificar problemas, conocer tendencias y evaluar el desempeño de distintas políticas públicas. También proporciona elementos para estimar riesgos futuros y valorar posibles medidas de adaptación o mitigación.
La propuesta de una nueva legislación ambiental incorpora instrumentos que requerirán seguimiento técnico permanente. La Estrategia Nacional de Calidad del Aire, las acciones para la protección de polinizadores y la futura Estrategia Nacional sobre Biodiversidad son algunos ejemplos de políticas cuyo desarrollo dependerá de información actualizada para medir avances y detectar áreas de mejora.
El INECC sigue operando como organismo descentralizado de la Semarnat y mantiene atribuciones legales para investigación, evaluación de políticas climáticas y elaboración de estudios científicos. Su creación formó parte de la Ley General de Cambio Climático, una de las primeras legislaciones integrales sobre la materia en América Latina.
La discusión legislativa suele concentrarse en facultades, obligaciones y mecanismos regulatorios. Sin embargo, la generación de conocimiento también forma parte de la política ambiental. Contar con nuevas herramientas legales puede ser importante, pero también lo es disponer de información que permita aplicarlas, evaluarlas y corregirlas cuando sea necesario.
