Rafael Espino.- El enfoque conservador con el que se venían gestionando las finanzas públicas federales, de mantener un presupuesto equilibrado y evitar incrementos en la deuda pública, se vio abruptamente interrumpido en el 2024, último año del sexenio anterior, fundamentalmente por el aumento en el déficit al 5.7% del Producto Interno Bruto (PIB) en año electoral y por el apoyo a Petróleos Mexicanos, en los que las capitalizaciones directas del último sexenio ascienden a 60 mil millones de dólares, más la instrumentación del programa de factoraje “Onyx”, con Banobras, para resolver parcialmente la crisis de pago a proveedores, al que se destinaron 250 mil millones de pesos, mismos que el Gobierno Federal pagará al banco de infraestructura en un plazo de ocho años.
Lo anterior, aunado a la oferta política de no crear nuevos tributos ni aumentar las tasas de los ya existentes, ha orillado al Gobierno Federal, a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT), a incrementar considerablemente los procesos de fiscalización, con el objetivo de elevar la recaudación tributaria. En este escenario, el acento se ha situado contra los grandes contribuyentes en México, que aportan el 51% de los ingresos tributarios totales.
Es de tal magnitud el reto, que no exageramos al señalar, como la más importante motivación para la instrumentación de la reforma judicial del año pasado, impulsada por los gobiernos de la Cuarta Transformación y cuestionada por poner en entredicho la independencia judicial y vulnerar el principio de separación de poderes, el revertir a como dé lugar, la gran cantidad de fallos adversos que en materia tributaria sufría el Gobierno Federal.
En función de lo anterior, en este nuevo escenario, la fiscalización para el 2026 se tornará mucho más insistente y agresiva.
Con un crecimiento proyectado según el Paquete Económico para el 2026 de 2.3% del PIB, el espacio fiscal o espectro de los recursos de disposición libre del Gobierno Federal se encuentra muy comprometido y se pronostica muy limitado sin la contratación de más deuda. Se enfrenta un déficit fiscal de 1.4 billones de pesos, equivalentes al 16% de los ingresos, por lo que la meta será obtener 496,309 millones de pesos adicionales de los contribuyentes. Este incremento del 4.6% en los ingresos tributarios no espera obtenerse como resultado del crecimiento económico, sino del combate a la evasión y elusión fiscales.
Como instrumento para lograr la meta recaudatoria, el SAT tendrá a su alcance un nuevo procedimiento de fiscalización, mediante el que podrá revisar a los contribuyentes para determinar si las operaciones que amparan sus comprobantes fiscales son o no reales. Lo que se conoce como materialidad jurídica.
En una visita domiciliaria especial, el emisor de los comprobantes tendrá que entregarle al SAT, la información y documentación necesaria para acreditar que se trata de operaciones existentes verdaderas o actos jurídicos reales, sin que la legislación defina cómo se acredita.
De concluir el SAT que los comprobantes son falsos, tanto el emisor como el receptor enfrentarán serias consecuencias fiscales y se establecen facultades para mermar su capacidad operativa. Sin duda, una nueva realidad fiscal opresiva, que se aleja del esquema garantista que tutela nuestra Constitución Política.
