Aída María Holguín Baeza.- En vísperas del Día Internacional de la Mujer (DIM) 2026, convocado por la ONU bajo el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas”, la realidad es contundente: ninguna nación ha cerrado las brechas jurídicas entre hombres y mujeres.
A escala global, transcurrido ya un cuarto del siglo XXI, las mujeres cuentan apenas con el 64% de los derechos reconocidos a los hombres. Si el ritmo actual no cambia, cerrar esa distancia tomaría casi tres siglos. Más que una proyección, es –como advierte ONU Mujeres– una forma de capitulación.
No es casualidad, pues, que este año el DIM llame a la acción para derribar las barreras estructurales que impiden la igualdad ante la justicia: leyes discriminatorias, protecciones débiles y normas sociales nocivas que erosionan los derechos de mujeres y niñas.
México no es ajeno a esta paradoja. En el papel, nuestro país ha suscrito compromisos internacionales, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) hasta la histórica Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, cuyo 30 aniversario, en 2025, nos recordó que el marco normativo es apenas el punto de partida.
Sí, es cierto que nuestra Constitución reconoce la igualdad; existen leyes contra la violencia de género; la paridad es un avance innegable. Sin embargo, la brecha entre norma y realidad persiste.
El caso es que, en un país como México, donde los feminicidios y la violencia contra mujeres y niñas siguen marcando la agenda pública, hablar de justicia no puede limitarse a la promulgación de leyes. Y es que, sin sistemas judiciales eficaces, sensibles y libres de sesgos, los derechos se convierten en promesas incumplidas. Así, la impunidad erosiona la confianza y reproduce desigualdades, especialmente para quienes enfrentan múltiples condiciones de vulnerabilidad.
Queda claro que el llamado del DIM 2026 interpela directamente a México respecto a la necesidad de desmontar barreras estructurales, fortalecer la asistencia jurídica, garantizar investigaciones con perspectiva de género y asegurar que las resoluciones se cumplan. Esto, en consonancia con el principio de que la igualdad ante la ley –como establece el artículo 7 de la DUDH– no admite excepciones ni demoras.
Treinta años después de Beijing, el desafío ya no es diagnosticar la desigualdad, sino acelerar la acción. Porque México ha demostrado que puede impulsar reformas profundas, ahora debe demostrar que puede traducirlas en justicia cotidiana. Esto, en la certeza de que cuando la justicia funciona para las mujeres, funciona para toda la sociedad.
Con esa convicción, finalizo parafraseando lo dicho por la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Sami Bahous: Las poderosas palabras de la Declaración de Beijing no significan nada sin acción. Aunque ha habido avances, no han sido ni suficientes ni profundos. Es momento de acelerar el paso, reconociendo que lo hecho no basta y que lo pendiente ya no puede postergarse.
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