Carlos Angulo Parra.- El nuevo régimen en el que vivimos en el país dirigido por el expresidente López, y continuado por la hoy presidente Sheinbaum, ha venido destruyendo el entramado institucional de México para afianzar una hegemonía del régimen de Morena, con el fin de mantenerse en el poder, amenazando ahora en realizar una reforma electoral que destruiría por completo a nuestra democracia.
Morena ha basado principalmente su popularidad en dos principales factores. El primero, en el desarrollo de un discurse político (que ahora, emulando a los estadounidenses se ha dado por llamarle “narrativa”), enfocado en polarizar al electorado, dividiendo al país en los que apoyan a los que ellos les llaman “conservadores” (que contradictoriamente, curiosamente, las políticas de Morena nos quieren regresar a la época del PRI de los años setenta del siglo pasado), en contraposición con las supuestas causas llamadas “progresistas” (que no tienen nada de enfoque destinado al progreso, sino todo lo contrario, son políticas de manipulación, endeudamiento, desprecio por el medio ambiente y destrucción de instituciones democráticas).
El segundo factor de popularidad de Morena es la dispersión de fondos públicos, principalmente, en los adultos mayores y en los jóvenes estudiantes, pero a costa de un gran deterioro en lo que son las funciones básicas del gobierno (que, por cierto, mucha gente confunde al gobierno con el Estado, cuando el primero es uno de los componentes del Estado y este último es el conjunto de elementos, pueblo, territorio, gobierno y Estado de Derecho).
De este gran deterioro de las funciones que el gobierno debe ejercer me concentraré en esta entrega.
Morena ha venido destruyendo el entramado institucional del país para afianzar su poder. Así, ha desaparecido órganos que fueron constitucionalmente autónomos para estar separados del Poder Ejecutivo federal y ejercer controles como los de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales, los de competencia económica y telecomunicaciones, el INE como órgano administrativo electoral, los órganos de combate a la corrupción, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los órganos de control de la energía.
El deterioro más severo es el del Poder Judicial que ha perdido su independencia y ha cambiado su configuración para tener el control absoluto de las resoluciones judiciales que no convengan al régimen.
Además de esto, el gobierno se ha quedado sin recursos, ya que los ha dilapidado, primero en desaparecer las múltiples reservas que fueron creadas desde el inicio de siglo, para destinarlas a las dádivas, pero además a tirarlas al barril sin fondo que PEMEX representa, y a las inútiles obras del Tren Maya, del AIFA y la refinería de Dos Bocas.
Habiendo dicho esto, se habla mucho de las propuestas de las que la oposición carece. Su servidor, lo que manifiesta es que debemos reordenar al Estado Mexicano para que se reencauce para lo que fue creado: darnos el Bien Común, que es el proporcionarnos a todos y cada uno de los mexicanos de los elementos necesarios para nuestro crecimiento personal, para realizar nuestras aspiraciones en la vida, desarrollar una familia, tener salud y educación, darnos una vivienda digna, ganar un salario adecuado o tener ingresos suficientes para desarrollar un negocio, pudiendo ganarnos honestamente el sustento con el producto de nuestro trabajo, capital, creatividad e innovación.
Para ello, el gobierno debe de darnos, primeramente, seguridad y justicia, cosas de las cuales carecemos casi absolutamente. Para ello, es necesario que el Estado recupere el ejercicio exclusivo de la fuerza para combatir a las criminales, para someterlos a la justicia, respetando el debido proceso y derecho a su defensa. Para ello, hay que tener fiscalías responsables integradas por verdaderos profesionales que conformen bien las carpetas de investigación. Y necesitamos recuperar la independencia del Poder Judicial para que administren la justicia apegada a la Constitución, a los derechos humanos y a los principios de legalidad.
Es necesario redireccionar los fondos públicos para dedicarlos a la salud, educación, vivienda, infraestructura y servicios públicos (calles, carreteras, puertos, aeropuertos, agua y saneamiento, transmisión y distribución eléctrica, alumbrado público, etc.), para que los programas sociales tengan fines bien definidos, que sean auditados y direccionados al crecimiento de las personas.
Y, finalmente, reconstruir y mejorar las instituciones destruidas por el régimen de morena para regresar a la senda del bien común, con libertades para beneficio de nuestras familias y de la Nación entera.
