Lic. Héctor Ramón Molinar Apodaca (Abogado y Facilitador Privado certificado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua).- El próximo domingo 1 de junio, en nuestro país y en nuestro estado se abrirá un proceso inédito: la elección directa de ministros, magistrados y jueces, tanto en el ámbito federal como en el estatal. Es un momento histórico. Pero también, uno de los mayores retos que enfrentaremos como sociedad en la construcción de un auténtico Estado de Derecho.
El problema no es menor. La lista de aspirantes y los cargos por ocupar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Superior del Estado es extensa y compleja. No basta con votar: hay que votar con criterio, con conciencia, con responsabilidad.
Y entonces surge una pregunta fundamental: ¿quién debe orientar esta elección? La respuesta es clara: el gremio de abogados está más que facultado para identificar y recomendar a los mejores perfiles.
Nuestra experiencia en los tribunales, en la conciliación, en el litigio cotidiano y en el conocimiento de la ley nos coloca en una posición privilegiada para valorar el perfil técnico, ético y humano de quienes aspiran a impartir justicia.
Los partidos políticos, en cambio, han demostrado que sus intereses no siempre coinciden con el interés público. Más bien, en muchos casos, han promovido a personas carentes de mérito o independencia, agravando la corrupción, la impunidad y la mediocridad institucional.
Hoy, más que nunca, hago un llamado a la ciudadanía: si tienes un familiar abogado, consulta su opinión; si eres estudiante de Derecho, infórmate y opina; si ejerces el Derecho, asume el compromiso ético de orientar y alertar sobre los perfiles que verdaderamente honren la toga.
No podemos ignorar que la administración de justicia atraviesa por una crisis de credibilidad. El ciudadano común encuentra más trabas que soluciones; los litigantes enfrentamos en muchos casos incompetencia, negligencia o corrupción, tanto en jueces como en secretarios y actuarías. Este deterioro no es casual: es el resultado de décadas de nombramientos sin criterio, sin examen, sin compromiso con la legalidad.
Pero hoy tenemos una oportunidad. La elección de jueces no puede ser una tómbola política. Tiene que ser un acto razonado, informado y profundamente ético. No se trata sólo de elegir a personas capaces de dictar sentencias, sino de elegir a guardianes de la Constitución, del debido proceso, de la dignidad humana.
Como abogado y ciudadano, me uno a quienes exigen un Poder Judicial verdaderamente independiente, profesional y honesto. Porque sin justicia verdadera, no hay democracia, ni paz, ni futuro.
