Benjamín Carrera (Representante Estatal de la SADER).- El pasado 10 de abril se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, mismo que se publicó el 15 de abril en el Diario Oficial de la Federación y es, sin ninguna duda, un documento básico para la construcción del segundo piso de la transformación. Seguramente se hablará mucho del PND en los próximos días y considero importante ir conociendo lo que plantea con respecto al sector agropecuario, por lo que me permitiré reproducir fragmentos textuales de su diagnóstico.
México cuenta con una producción agrícola de excelente calidad, sustentada en la diversidad de tierras, climas y zonas costeras, que constituye la base de nuestra soberanía alimentaria. En el país se producen aproximadamente 300 millones de toneladas de productos agropecuarios y pesqueros, empleando a más de 6.6 millones de personas.
En los últimos 20 años, el valor de la producción agropecuaria, acuícola y pesquera ha duplicado su valor en términos reales, con un crecimiento promedio anual del 3.4%. Este sector representa el 3% del PIB del país y se cimienta en el trabajo de pequeños y medianos productores: el 66.5% de la producción de maíz, frijol, arroz, trigo, caña y café proviene de estas empresas.
Sin embargo, diversos factores internos y externos limitan la capacidad de producción agropecuaria. Uno de los principales es el alto costo de insumos y servicios debido a la alteración de las cadenas de suministro globales por eventos geopolíticos. En 2021, los costos de los fertilizantes más utilizados, como el fosfato diamónico y la urea, aumentaron 263% y 92%, respectivamente. Además, el acceso al crédito sigue siendo muy limitado para los productores de pequeña y mediana escala. En 2022, solo el 6.1% de las unidades de producción agropecuaria recibió algún tipo de financiamiento.
Recientemente, los fenómenos climáticos han afectado gravemente la producción de alimentos, especialmente debido a la intensificación de sequías e inundaciones. En 2023, el 10% de la superficie cosechada de granos básicos registró algún tipo de siniestro, el porcentaje más alto en los últimos 10 años. Además, debido a la sequía, se dejaron de sembrar más de un millón de hectáreas de maíz, frijol, arroz, trigo y sorgo. Estos efectos se ven exacerbados por la baja cobertura de seguros, que cubren menos del 2% de las unidades de producción.
La producción intensiva de alimentos, combinada con una falta de aplicación de la legislación vigente, ha generado una grave degradación de los recursos naturales. Aunque la producción de alimentos utiliza el 76% del agua fresca del país, el 57% de ésta se desperdicia. Este desequilibrio afecta la sostenibilidad de la actividad agropecuaria y sus resultados a largo plazo.
A pesar de que las localidades rurales siguen siendo predominantemente agrícolas, los hogares rurales han diversificado sus fuentes de ingreso, obteniendo menos del 20% de su ingreso de actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras. En 2023, las localidades rurales representaron el 20% del empleo total del país, con más de 12 millones de personas empleadas, lo que representa un aumento de 1.4 millones de empleos respecto a 2018. Sin embargo, sus condiciones laborales siguen siendo precarias, con un 77% de informalidad, aunque este porcentaje ha disminuido en tres puntos respecto a 2018.
Es fundamental fortalecer la soberanía alimentaria a través de políticas que fomenten la producción agrícola y pesquera de pequeña escala, especialmente en municipios con altos índices de pobreza. Además, se debe garantizar el bienestar de las personas que viven del campo, asegurando su acceso a salud, educación y vivienda. Esto debe ir acompañado del impulso a la autosuficiencia en productos clave como maíz no transgénico y frijol.
Continuará…
