Alejandro Zapata Perogordo.- La petición del Mayo Zambada hacia el Gobierno de México tiene elementos jurídicos sustanciales, que en su momento deben ser atendidos respondiendo conforme a derecho, aspecto que difícilmente vamos a encontrar en el ADN de esta administración.
Es obvio además que esa solicitud tiene diversas aristas y, en todas, se producen costos con daños al actual régimen y, por supuesto, al Movimiento de Regeneración Nacional, quienes han optado inclusive por ocultar y negar verdades pretendiendo tapar el sol con un dedo.
El haber elegido mensajero a un despacho jurídico cuyos integrantes están vinculados con los guindas, no es mera casualidad, fue totalmente calculado, especialmente seleccionado para esa función, que ahora pretendan desligarse los cuatroteros de los profesionistas designados y negarlos, es solo escupir hacia arriba.
Es entendible que no desean por ningún motivo estar bajo sospecha de nexos con el crimen organizado y, a menos que esos abogados estén en esa condición, no veo elementos para negar esa relación que sobrepasa lo evidente.
Por otra parte, no hace mucho que el Fiscal Gertz Manero manifestó públicamente la apertura de carpetas de investigación derivadas del secuestro del Mayo Zambada en territorio mexicano para ser entregado a los Estados Unidos, calificando ese acto como la probable comisión del ilícito de traición a la patria.
Entonces, siendo consecuente, la versión del propio Zambada en su primera misiva fue tomada por la Fiscalía General de la República, debido a ello, es que la petición del Mayo insta al gobierno mexicano a solicitar su extradición ante los vecinos del norte y, aunque la autoridad dice haberla solicitado desde el año pasado, sus presuntas gestiones son dudosas.
El punto es fino y con resultados previsibles, sin que esos aspectos escapen del conocimiento del capo y sus asesores. En principio, si la Dra. Sheinbaum dice actuar dentro de la legalidad, ya va tarde; sin embargo, todo indica que su intención al respecto era no inmiscuirse en ese problema, ahora la obligan a pronunciarse en un asunto que probablemente se resuelva en tribunales.
Acceder a la petición francamente no le veo posibilidades, de por sí la relación bilateral está sostenida con alfileres, una intervención de esa naturaleza se podría apreciar de manera extremadamente negativa para la imagen del gobierno y del país.
Además, los norteamericanos nunca entregarían al Mayo, pues junto con el Chapo Guzmán, los consideran un trofeo, independientemente que no están dispuestos a sentar ningún precedente que beneficie a criminales de esa envergadura, por el contrario, ahora los va a tratar como terroristas.
No escapa la advertencia sobre el “colapso” de las relaciones entre ambos países en caso de no obsequiar favorablemente su solicitud, que es una velada amenaza de dar información que tiene en su poder y que involucra a personajes de la vida pública.
En ese sentido, la lógica puede tener cabida bajo el entendido que el gobierno mexicano lleve a cabo una discreta labor de cabildeo para evitar que le impongan la pena de muerte.
En otras palabras, es una negociación, un acuerdo solicitado por un delincuente para que el Estado utilice herramientas diplomáticas a su favor a cambio de su silencio.
