Carlos Villalobos.- Si algo hemos aprendido en los últimos años es que la tecnología avanza más rápido de lo que la sociedad puede comprender y, por consiguiente, que los gobiernos pueden regular. En este contexto, recientemente el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, presentó la “Ley Kuri”, una iniciativa que, en teoría, busca proteger a la niñez del ciberacoso, la pederastia y el grooming en internet; sin embargo, una mirada más profunda nos lleva a preguntarnos: ¿Cuándo realmente una ley, norma o reglamento ha verdaderamente incidido de forma directa y contundente por sí misma en el ciberespacio?
La Ley Kuri, de acuerdo a lo promocionado y a lo vertido en medios de comunicación, se sostendría en cuatro pilares: prohibir el acceso a redes sociales para menores de 14 años, restringir el uso de celulares en escuelas, endurecer sanciones contra delitos digitales y crear “Zonas Jóvenes” como alternativa al consumo de tecnología.
La premisa parece simple y extremadamente tribunera, menos acceso, menos peligro y “mejores sociedades”, todo bien ¿verdad? El problema está en que la propuesta ignora la realidad social y económica de miles de niños y adolescentes que han encontrado en el mundo digital una herramienta de educación, conexión, ocio, esparcimiento y hasta protección.
Las preguntas son inevitables: ¿Cómo se hará cumplir la restricción de acceso a redes sociales? ¿Cuándo las empresas tecnológicas han seguido al pie de la letra la regulación? ¿Hablaron con las plataformas digitales antes de lanzar la iniciativa? ¿Qué mecanismos se utilizarán para verificar la edad sin vulnerar la privacidad de los menores? Como suele suceder con este tipo de propuestas, el cómo es menos importante que el qué, mientras la audiencia aplauda.
¿Pero el respetable en verdad está aplaudiendo? De acuerdo a declaraciones de la Asociación Estatal de Padres Familia, aunque “los tomó por sorpresa, pero fue una sorpresa grata”, lo cierto es que dejaron claro que el enfoque prohibitivo no es lo ideal y enfatizan en que la sensibilización debería ser el punto principal de esta iniciativa. Lo anterior sin contar que no tocó base con padres, educadores ni autoridades del ramo.
Como la gran mayoría de veces en estos casos, la discusión ha sido dominada por adultos que, con buenas intenciones o no, han decidido lo que “es mejor” para la infancia sin tomarlos en cuenta.
Es fácil culpar a la tecnología de todos los males, pero el problema no es solo que los menores estén en redes sociales, sino cómo están en ellas. La alfabetización digital y la educación mediática brillan por su ausencia en esta propuesta. ¿No sería más efectivo enseñarles a navegar por internet de manera segura en lugar de simplemente prohibirles el acceso?
La iniciativa también argumenta que el uso excesivo de redes sociales está generando ansiedad y depresión en los jóvenes, pero aquí hay un error grave: la salud mental es un fenómeno multifactorial; repito, por si no queda claro, la salud mental es un fenómeno MULTIFACTORIAL. Situaciones como la violencia en casa, la pobreza y la falta de acceso a servicios psicológicos juegan un papel clave en la estabilidad emocional de la niñez y la adolescencia, por lo tanto, si realmente se busca proteger a los menores, se debería empezar por garantizar acceso a terapia psicológica y espacios de convivencia seguros, no solo bloquear redes sociales.
Y es que nadie niega que se requiere de regulaciones que blinden el ecosistema digital para proteger a la niñez, pero esto debe hacerse con un enfoque integral que contemple educación digital, formación docente y responsabilidad parental, no sólo castigos y restricciones.
Si realmente queremos proteger a la infancia en el entorno digital, necesitamos menos leyes populistas y más políticas públicas que promuevan la inclusión digital, la educación crítica y el acompañamiento en el uso de la tecnología.
Porque la solución no está en apagar las pantallas, sino en enseñar cómo usarlas responsablemente.
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